La Diputación asume como suyas las peticiones de los trabajadores de Navantia

El conflicto de astilleros entró ayer en la dimensión política. Después de varias semanas de protestas parciales, huelgas más o menos tibias y declaraciones contundentes, los representantes sindicales de Navantia se adentraron en los pasillos de Diputación Provincial y salieron con un apoyo más que firme de la institución, que se adhiere a sus reivindicaciones de negociar un plan industrial que permita extender el buen momento actual de la compañía más allá de 2012 (fecha hasta la que está garantizada la carga de trabajo en toda la compañía).

A un lado de la mesa estaban los portavoces de los comités de las tres plantas gaditanas (la de la capital, San Fernando y Puerto Real). Al otro, el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña; los vicepresidentes Federico Pérez Peralta y Antonio Roldán; y el diputado y alcalde puertorrealeño, José Antonio Barroso. En medio, los acuerdos que alcanzaron empresa y sindicatos en diciembre de 2004 con la constitución de Navantia y la superación de una nueva reconversión en el sector. «Nosotros hemos cumplido con nuestra parte y ahora le toca a la empresa conceder la suya», resumió Jesús Gargallo, representante sindical.

Esa parte que le toca a la empresa empieza con el desarrollo «consensuado y no unilateral» del nuevo plan industrial (que debería aclarar el modelo empresarial y que la dirección asegura que compete a ella confeccionar), continúa con la organización de la industria auxiliar y termina con un rejuvenecimiento de la plantilla y la apuesta por alcanzar el 20% de carga civil en el conjunto de las factorías. Todo esto, precisamente, resume la posición sindical y sintetiza el respaldo que la Diputación expresó a través de Pérez Peralta: «Instamos a la adopción de un plan industrial negociado entre las partes, a cumplir los acuerdos alcanzados en diciembre de 2004 entre España y la Unión Europea que permitieron la constitución del grupo Navantia, y llevar estas reclamaciones al Gobierno de la nación, a los diputados nacionales y a la Junta de Andalucía para que estos compromisos se hagan efectivos». No hay que olvidar que Navantia es una empresa 100% pública y su gestión depende en última instancia del Ejecutivo de Madrid

La asunción de los planteamientos se completa con un rechazo absoluto a vincular la crisis con la negociación del convenio colectivo (también pendiente desde que fuera denunciado a finales del año pasado). «El convenio es un fleco muy secundario en un problema que va mucho más allá», matizó Pérez Peralta, frente a la tesis de la dirección de Navantia, que considera que las protestas de las últimas semanas se deben a una presión en la negociación laboral.

¿Y qué hará Diputación además de apoyar explícitamente a los trabajadores? El organismo provincial está dispuesto a plasmar las reclamaciones sindicales en una moción y llevarla al próximo pleno ordinario (previsto para mediados de noviembre). Sin embargo, de aquí a entonces puede haber cambios «y esperemos que se retome el diálogo», confían desde la institución. Si no, seguirá la polémica y los trabajadores ya disponen de otro aliado.