Astilleros resucita el fantasma de la conflictividad laboral

Mucho han cambiado las cosas para el sector naval en la Bahía desde la liquidación de Izar y la reconversión en Navantia del negocio de construcción de buques en los astilleros de Puerto Real, San Fernando y Cádiz. Han pasado cuatro años desde entonces y la empresa pública tiene una carga de trabajo que se califica como histórica una y otra vez desde la propia compañía y desde el ámbito político. En la actualidad, los contratos aseguran la ocupación hasta el año 2011. En este contexto, los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa negocian el nuevo convenio colectivo para todos los centros de trabajo de la constructora naval.

Las conversaciones comenzaron a fin de enero pasado. Los trabajadores y la dirección se han sentado en ocho ocasiones. El 18 de septiembre pasado, en el que debería haber sido el noveno encuentro, la representación sindical abandonó la reunión antes de que esta empezara. Los portavoces de las plantillas de todos los centros de trabajo exigieron a la empresa la incorporación inmediata en la misma fecha y con contrato indefinido de 44 nuevos empleados. Estas contrataciones responden a un compromiso adquirido por Bazán en el año 2001, tres años antes del nacimiento de Navantia. Ahí está una de las claves de este conflicto. A causa de la heterogénea procedencia de cada uno de los centros de trabajo de la compañía existen ciertas diferencias entre los derechos adquiridos por los que trabajan en instalaciones que tradicionalmente eran de carácter civil -Puerto Real, Cádiz, Fene y Madrid- y los astilleros en los que se trabajaba en la construcción militar -San Fernando, Cartagena y El Ferrol-.

Derechos adquiridos

La plataforma de los trabajadores propone para el nuevo convenio un incremento salarial del IPC más un punto porcentual; la empresa, por su parte, ofrece una subida del 3,37% y acusa a los representantes de la plantilla de exigir un aumento superior al 10%. El presidente del comité intercentros, Ramiro González, señaló que la diferencia estriba en la asimilación de los convenios que regían los astilleros militares. «Existe un compromiso firmado por el que la empresa se comprometía a facilitar un marco regulador único y lo que la empresa asegura que es una exigencia de subida salarial en realidad es la obtención de un derecho adquirido previamente», explicó el representante sindical, que añadió: «Si el 80% de la empresa es de producción militar, lo lógico es que los convenios de referencia a la hora de negociar el de Navantia sean los que se aplicaban en los centros de San Fernando, Cartagena y El Ferrol».

La propuesta de Navantia respecto a un convenio colectivo único -cuyo compromiso de creación reconoce la empresa- apunta que éste deberá recoger una «racionalización del sistema de promociones y asimilaciones». Dicho de otro modo, este marco regulador único es una cuerda de la que la compañía tira para que le sea lo menos costoso posible y de la que también tiran los trabajadores para que todos los empleados de la constructora naval disfruten de los derechos adquiridos en los centros de tradición militar.

La negociación del nuevo convenio no es el único frente de debate abierto sobre el futuro de Navantia. De hecho, los trabajadores lo consideran secundario. «La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales [SEPI] y la empresa dicen que nuestra prioridad es la negociación de este nuevo marco laboral, pero eso es radicalmente falso», aseguró González. El representante de todos los trabajadores de la constructora naval sentenció que las movilizaciones continuarían a pesar de que se llegara a un acuerdo sobre el convenio, «porque la clave es el Plan Industrial» presentado por la empresa. A este respecto, la plantilla exige que se elimine lo que entienden que es una gestión centralista de la empresa; que se mantenga el sistema informático actual -que es propio- y no se compre otro; que se reorganice la producción; que se alcance la limitación de 20% de construcción civil; y que se amplíe la plantilla. El tercer frente de debate es sobre el modelo de industria auxiliar. Los trabajadores consideran que con el formato actual se ha producido un efecto de atomización de estas empresas que se ha revelado como muy costoso y en el que «la adjudicación de contratos se realiza mediante el nepotismo y el amiguismo», aseguró González. Las negociaciones estaban rotas, aunque se reanudarán el próximo viernes. «Iremos a la nueva reunión porque ya están dispuestos a abrir las tres mesas de negociación, aunque esto no detendrá las perspectivas de movilizaciones», indicó el sindicalista.

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