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Editorial

Salvamento sin dudas

Las Bolsas insuflaron ayer aliento a los mercados internacionales al reaccionar con fuertes alzas, en algunos casos sin precedentes, al paquete de medidas consensuadas por el Eurogrupo para hacer frente a las dificultades de liquidez y solvencia de las entidades financieras, su adaptación gobierno a gobierno de la UE y la concreción en EE UU del plan Paulson. El comportamiento del Ibex resumió la satisfacción con que han sido saludadas las citadas iniciativas tras una semana catastrófica, pero también la volátil inestabilidad que continúa exhibiendo el conjunto del sistema: en apenas dos días, el índice español ha sufrido las mayores pérdidas de su historia y las ganancias más elevadas, una reacción tan ciclotímica que invita a mantener la cautela ante una euforia que dista de garantizar la recuperación definitiva de los mercados. La misma dependerá de que la reactivación de ayer perdure lo suficiente como para aliviar la desconfianza que ha agudizado la crisis y la falta de liquidez que ha condenado casi a la parálisis al mercado interbancario y, con ello, a la economía real. Pero también de que la firmeza mostrada ahora por quienes ostentan el poder institucional asegure tanto la correcta implantación de las inéditas iniciativas aprobadas, como su efecto disuasorio frente todas aquellas prácticas especulativas y completamente desreguladas que se sitúan en el origen del colapso.

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La amenaza de quiebra internacional ha justificado por sí sola la excepcionalidad de las medidas adoptadas. Pero es esa misma excepcionalidad la que obliga a un riguroso control de su desarrollo, un escrutinio que debe producirse dentro de cada estado pero también con carácter trasnacional. La discrecionalidad que puede rodear la recapitalización de las entidades en apuros, el riesgo moral que comporta inyectar cantidades ingentes de liquidez para asegurar préstamos a plazos más amplios que los que regían hasta la fecha o las dificultades para valorar los 'activos tóxicos' exigen una gestión responsable y transparente de los planes de rescate impulsados. Pero los gobiernos y las instituciones internacionales también han de prepararse para dirigir un incierto escenario, en el que las exigencias nacionales supondrán un factor de presión constante y en el que las reglas del liberalismo convivirán con un renovado afán proteccionista.

También ayer, el Ejecutivo español celebró un Consejo de Ministros extraordinario tras el cual el presidente Rodríguez Zapatero mostró un especial interés en presentar los decretos aprobados como «aplicación a nuestro país» de las medidas acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona. Un énfasis con el que trató de defender su pertinencia como una iniciativa ineludible también para el resto de las fuerzas parlamentarias, empezando por el PP, en coincidencia con la histórica subida registrada por el Ibex como expresión de la anuencia de los mercados hacia la misma. La habilitación de 100.000 millones de euros para avales que puedan garantizar las nuevas operaciones de financiación que emprendan los bancos y cajas de ahorros españoles o radicados en nuestro país comporta una medida de seguridad que emplaza a dichas entidades a reactivar de inmediato la función que les corresponde en la economía. Las condiciones establecidas y aquellas complementarias que aplique el ministerio responsable deben evitar no sólo que la concesión de dichos avales recaiga sobre los contribuyentes, sino procurar además que éstos puedan apreciar sin género de dudas los beneficios de la medida.

Por su parte, es imprescindible que la autorización para la adquisición de títulos de entidades financieras por parte del ministerio de Economía no pase de ser una decisión de carácter preventivo, cuya aplicación debería responder a circunstancias muy excepcionales que pusieran en riesgo la estabilidad de una parte sustantiva de nuestra realidad bancaria.

La expresa solicitud por parte del presidente del apoyo del primer partido de la oposición a estas medidas ha de ir acompañada, en el encuentro que mantendrá hoy con Mariano Rajoy, por cuantas garantías contribuyan a disipar las reticencias y dudas que el PP ha expresado hasta el momento. Reticencias y dudas de las que pueden ser partícipes muchos ciudadanos. Sin embargo no parece coherente que, a tenor de lo manifestado por algunos de sus dirigentes, los populares traten de proyectar la idea de que las medidas presentadas ayer por Rodríguez Zapatero atienden a los intereses de la banca pero no necesariamente a las necesidades de las familias y de las empresas. En primer lugar, porque la revitalización con garantías de la actividad financiera y crediticia ha de constituir la base de partida para afrontar los efectos de la crisis sobre la economía real. Pero, además, porque resultaría chocante que el discurso popular apareciera como una suerte de intercambio de roles ideológicos respecto a los socialistas.