El Gobierno dará avales a los bancos por un máximo de 100.000 millones Zapatero exige a Rajoy adhesión total a sus medidas contra la crisis

El Estado concederá a la banca hasta finales de este año avales por un valor máximo de 100.000 millones de euros con el objetivo de reanimar a un sistema financiero que atraviesa «un gravísimo deterioro», según reconoció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La medida, enmarcada en el plan de reactivación aprobado la víspera por el conjunto de países de la zona euro, busca dar liquidez al mercado de crédito, completamente seco desde hace meses por una absoluta falta de confianza entre las entidades.

El programa, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, se complementa con una medida «preventiva» que, en la práctica, permitiría al Ministerio de Economía salir al rescate y recapitalizar aquellos bancos o cajas de ahorro que pudieran pasar apuros, siempre que reclamaran esa ayuda al Gobierno.

Rodríguez Zapatero aseguró que la actuación «coordinada, fuerte y determinada» de la Unión Europea es «la mejor garantía para el mantenimiento del empleo y del bienestar, y del funcionamiento del sistema económico general». El plan español se concreta en un real decreto ley de medidas urgentes que tiene como principal apuesta la creación de una línea de avales del Estado para aquellas nuevas operaciones de financiación que realice la banca, tanto la española como aquellas filiales extranjeras que tengan una actividad significativa en el país.

Será el departamento de Pedro Solbes el que determinará a qué se refiere el Gobierno con «actividad significativa». Un concepto que tendrá en cuenta siempre la reciprocidad con el resto de miembros del Eurogrupo.

Un plazo de cinco años

En principio, las entidades podrán pedir esa garantía -cuyo plazo máximo es de cinco años- para sus pagarés, sus bonos o sus obligaciones admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales españoles. Y, excepcionalmente, podrán acogerse también otros instrumentos como los depósitos interbancarios. El aval no será gratuito, pues cada petición será analizada de forma individual y tendrá un coste concreto en forma de comisión, que cubrirá el riesgo que asume el Estado. Los 100.000 millones están calculados en función de los vencimientos previstos para lo que queda de año, lo que presupone que el próximo ejercicio la cantidad avalada -aún por determinar- será sustancialmente superior. La cifra tope deberá consignarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Las entidades deberán cumplir los requisitos que establezca el Ministerio de Economía y superar un control de solvencia por parte del Banco de España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también será tenida en cuenta.

La 'nota' que reciba cada petición estará basada, en baremos que tendrán en cuenta la situación de los bancos no sólo en los últimos días, pero tampoco sólo en fundamentos que presentaran antes de que comenzara la crisis 'subprime'. Esto significa que un activo 'tóxico' o con muy poca calificación podría también acceder al sistema, pero a un coste tan alto que no hiciera rentable la operación. El objetivo es que los bancos y las cajas muevan sus líneas de crédito, algo que en teoría debería ayudar a renovar la financiación de las empresas, tanto las grandes como las pequeñas.

Coste cero

El jefe del Ejecutivo aseguró que «si todo sale bien» el sistema de avales no tendrá coste alguno para el contribuyente. Insistió es que el paso dado por el Gobierno era «imprescindible y vital», y que «no podía esperar». «Supone una muestra de responsabilidad y de sentido de Estado», afirmó. A su juicio, «España va a estar siempre entre aquellos que con más determinación y decisión tomen medidas en un contexto de gravedad como el actual». Rodríguez Zapatero reconoció que la calificación de la deuda de España podría verse afectada por los avales, pero restó importancia al eventual impacto en términos de reconocimiento al explicar que «España tiene la ventaja de que su deuda está en niveles muy favorables, que no llega al 40% frente al 60% en que se sitúa la media europea».

Al tiempo, el presidente del Gobierno hizo un llamamiento al «esfuerzo colectivo» y agradeció su actitud en la crisis a las fuerzas políticas y a los agentes sociales. Y explicó que aunque la banca ha recibido de forma «muy favorable» el programa de ayuda, la recuperación de la confianza y la vuelta a la normalidad van a requerir «tiempo y esfuerzo» por «la situación tan grave a la que hemos llegado». José Luis Rodríguez Zapatero no quiere negociar con Mariano Rajoy, sólo espera su apoyo «incondicional» a las medidas aprobadas en las dos semanas que ha dejado pasar desde que anunciara su intención de convocar al líder de la oposición a La Moncloa y la fecha definitiva del encuentro: hoy a las cinco y media de la tarde. El presidente del Gobierno alegó que, dada la gravedad de la situación, la toma de decisiones no podía esperar y, desde el palacio presidencial, apeló al «sentido de país» del presidente del PP para exigir la adhesión sin ambages a unas iniciativas que, desde el domingo, cuentan con la bendición de todos los gobernantes del Eurogrupo.

En el Gobierno y en el PSOE están contentos porque, dicen, Rodríguez Zapatero ha desempeñado en los últimos días a la perfección el papel del dirigente político responsable que, en un momento de dificultad, toma las riendas del país sin amilanarse, aunque sea a costa de traicionar su promesa de diálogo.

«Me gustaría conocer si los Gobiernos europeos han informado previamente a la oposición de los decretos leyes que iban a aprobar, como ha hecho el español», se escudó. El respaldo de Rajoy es sólo, en su opinión, «una cuestión de voluntad política». «Luego se pueden discutir las notas a pie de página», añadió.

Urgencia

Lo cierto es que, aunque se lo haya comunicado antes al líder de la oposición, la urgencia con la que ha actuado el jefe del Ejecutivo deja poco margen para buscar ya puntos de encuentro. Aún así, Rodríguez Zapatero insistió en que su reunión con Rajoy es «muy importante» para poner en conocimiento del líder de la oposición todos los datos que el Gobierno tiene al alcance y de explicar de manera exhaustiva el efecto que las medidas aprobadas «pueden» tener.

También aseguró estar dispuesto a escuchar lo que Rajoy tenga que proponer acerca de los próximos Presupuestos del Estado, aunque se trata de un mero brindis al sol porque los socialistas ya han dejado claro que no tienen interés en un pacto en este terreno ahora que creen tener el respaldo suficiente para sacar adelante las cuentas con PNV, BNG y Coalición Canaria. El decreto ley aprobado ayer obligará, con todo, a retocar el proyecto enviado hace unos días a las Cortes para incorporar un tope a los avales que el Estado concederá a la banca en 2009.