Nueva Ley de Víctimas
La cita que el próximo martes reunirá al ministerio de Interior con las distintas asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo constituye una oportunidad ineludible para acordar el contenido de una nueva ley que corrija las fallas existentes en la normativa vigente, se haga eco de las necesidades reales de aquellos a quienes va dirigida y establezca un marco jurídico duradero de reconocimiento y atención hacia quienes más directamente vienen sufriendo el embate terrorista. Tras una legislatura caracterizada por el desencuentro y la incomunicación entre la AVT y el Gobierno, y por la confrontación extrema entre éste y el Partido Popular, sería imperdonable que la eventual persistencia de diferencias más o menos puntuales postergase la rápida tramitación y promulgación de la nueva ley. Tanto el clima político general como el panorama asociativo parecen hoy más proclives al entendimiento en tan delicada materia. Pero también por eso es necesario que el Gobierno y el resto de las fuerzas parlamentarias se fijen como objetivo la aprobación por unanimidad del texto legal resultante del diálogo con las organizaciones representativas de las víctimas, asumiendo de antemano que es al Ejecutivo a quien corresponde encauzar y articular el proyecto legislativo.
Actualizado:El transcurso del tiempo ha evidenciado que la casuística que presentan las víctimas del terrorismo no está recogida en cuanto a su diversidad de problemas en el ordenamiento actual. Pero sobre todo ha revelado que los límites que presenta éste afectan a una cuestión tan esencial como la de la propia justicia y equidad en el tratamiento de cada drama personal o familiar. De manera que la retroactividad en la aplicación de la ley, la no supeditación de las ayudas a las condenas de los victimarios y la continuidad y progresividad en cuanto a la atención y cobertura que requieran las víctimas han de constituir los fundamentos de la nueva norma. Todo ello, junto al reconocimiento explícito de quienes hoy son acosados y perseguidos por el terrorismo, debería conformar la estructura legal básica que integre cuantas demandas y medidas propongan las asociaciones de víctimas y cuenten con un encaje indiscutible en la legislación general.