Guardia Civil, militar por ahora

De ahí que el próximo domingo 18 viajen a Madrid para manifestarse de nuevo, esta vez junto con los agentes de la Policía Nacional, bajo el lema de «equiparación salarial y dignidad laboral». Y aunque es fama que, por lo común, la Guardia Civil es el cuerpo policial peor pagado del país -hay policías locales de ayuntamientos pequeños que cobran mucho menos aunque los de los grandes municipios suelen cobrar más que ninguna otra fuerza de seguridad-, entre los del antiguo tricornio y los maderos a veces apenas hay una diferencia salarial de veinte euros al mes, aunque a las casas cuartel sólo tienen derecho los primeros. Las mejoras profesionales pactadas con el Gobierno en 2005, no han sido plenamente asumidas. En salarios brutos, un guardia civil de la escala básica percibe este año 22.948 euros anuales y un policía nacional en iguales condiciones, 25.198. Un sargento de la Benemérita cobrará 28.438, pero en la escala de oficiales los sueldos se disparan hasta llegar a 64.853 euros anuales en el caso de un general de división. Después, todo depende del destino asignado. Un guardia civil de Tráfico se juega la vida a diario por unos 1.800 euros. Y si está adscrito a las comandancias de Ceuta y Melilla, ronda los 2.000. Un guardia en el País Vasco cobra un 40% menos que un ertzaina, aunque ambos agentes, bajo distinto uniforme, se jueguen el tipo y el pellejo a cada minuto que pase.

Y de ahí, también, que los que se sientan representados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles -entidad a la que se encuentra afiliada la mitad de la plantilla de la Benemérita en la provincia y cuyo secretario general es José Encinas-, no secundará durante este fin de semana las actividades oficiales prevista para celebrar a su Patrona, la Virgen del Pilar: «Una vez más los actos conmemorativos de la Patrona de la Guardia Civil han sido diseñados por la Dirección General y el Ministerio del Interior con un marcado cariz castrense y de exaltación del militarismo en la institución», afirman los agentes gaditanos de la AUGC, que denuncian a su vez «estos fastos y paradas militares que siguen mirando a un rancio pasado que no tiene nada que ver con la labor policial de la institución».

Para colmo, esa misma asociación reclama que se convoquen de una vez por todas las elecciones al consejo de la Guardia Civil, unos comicios previstos en la Ley de Derechos y Deberes, cuya promulgación costó 21 expedientes sancionadores y que acumula un retraso de nueve meses. Claro que no es la primera ocasión que los gobernantes de turno incumplen sus compromisos con dicho colectivo: en los cuarteles todavía se recuerda cuando, durante el anterior mandato también, Diego López Garrido insistió ante los dirigentes de dicha entidad que el PSOE iba a cumplir su compromiso electoral de reformar la ley disciplinaria a fin de eliminar los arrestos y adaptarla al régimen general de los funcionarios. Aquel paquete de promesas también incluía que no se iba a aplicar el Código Penal Militar a los agentes, salvo cuando realicen misiones de carácter militar.

No es el único cuerpo policial militarizado en Europa, eso es cierto, y al PSOE no sólo le frenan viejos atavismos conservadores sino el lujo de poder disponer de un ejército y nunca mejor dicho de agentes dispuestos a la obediencia debida. Aunque hay quienes defienden que precisamente en esa clave estriba el secreto de su éxito, lo cierto es que tampoco ayuda mucho que su tutela se la repartan al menos dos ministerios, el de Interior y el de Defensa. La naturaleza militar de la Guardia Civil fue, de hecho, el principal argumento esgrimido durante la pasada legislatura por el entonces ministro de Defensa, José Bono, en contra de las reivindicaciones de los manifestantes, que fueron meticulosamente seguidos, identificados y, en numerosos casos, sancionados.

La situación de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz ha conocido extremos tercermundistas, en cuanto a recursos técnicos, pero también en cuanto al calamitoso estado de las casas-cuartel, aunque persiste la polémica sobre el sistema de adjudicación de viviendas, basado en la escala profesional y no en las características familiares o económicas de los solicitantes. Algo se ha ido resolviendo en los últimos años, sobre todo en la primera cuestión y a partir de la progresiva implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Pero sería deseable que los recortes presupuestarios motivados por la actual crisis no lleguen al extremo de suprimir el servicio de Internet de los grupos de Policía Judicial, tal y como ha ocurrido en Valencia. No les extrañaría: hubo tiempos en que, a orillas del complicado Estrecho, carecían incluso de combustible para las lanchas y las heineken, el nombre cervecero que se aplica a sus coches patrulla.