Altos cargos
La semana pasada un importante periódico informa a sus lectores que el ex alcalde de Estepona, imputado por la comisión de supuestos delitos relacionados con la corrupción urbanística, había contratado como altos directivos del ayuntamiento a una secretaria y a un jardinero. A juzgar por el tamaño de los titulares empleado que destacan la noticia, se podría pensar que el hecho denunciado se considera algo excepcional, impropio de una administración pública e incluso de las empresas privadas que por la cuenta que les trae se preocupan de seleccionar profesionales con impresionantes currículum vitae para puestos de alta dirección. Desafortunadamente este caso no constituye la excepción a la regla general. En Almería, por ejemplo, hemos tenido el más reciente. Asesores del presidente de la Diputación Provincial reconocen que cobran de la institución pero el trabajo se lo prestan a su partido.
Actualizado: GuardarPor desgracia, contrataciones más o menos parecidas a las de Estepona y Almería se dan y se han dado con cierta frecuencia en otras administraciones. Sobre todo en diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas. En la Administración General del Estado no parece que sean tan habituales.
La casuística de ese tipo de contrataciones es muy diversa. A veces se contratan asesores sin preparación adecuada para realizar su trabajo no en la administración contratante sino en el partido en que militan. En el mejor de los casos desarrollan su actividad en el seno de la Administración que los ficha pero de asesor sólo tienen el nombre puesto que no poseen la formación idónea para desarrollar con eficacia tareas de alto asesoramiento.
En otras ocasiones son los propios cargos públicos como concejales, diputados provinciales, etc., los que apenas aparecen por las instituciones a las que se deben porque prefieren dedicar su tiempo a las labores orgánicas de su propia organización política.
Es evidente que detrás de esos comportamientos irregulares se esconden motivaciones inconfesables que se relacionan con la dinámica interna de los grupos partidarios. Así, con cargo a los presupuestos públicos se devuelven favores, se premian adhesiones inquebrantables, y, si procede, se elevan a la función pública a los más fieles. Todo, claro está, a cargo del sacrificado contribuyente. La designación de altos cargos y asesores injustificados e innecesarios, que son muchos, genera, inevitablemente, efectos perversos. Por un lado, es indudable que el funcionamiento normal de las administraciones públicas se resienta cuando en la cúspide se instalan gentes inexpertas y de escasa preparación provocando al mismo tiempo un considerable aumento del gasto público. Por otro, se desmotiva a los funcionarios que a diferencia de los «asesores, han tenido que superar duras pruebas para acceder a la función pública, desde el ordenanza hasta el funcionario de un Cuerpo Superior de la Administración. Seguro que muchos de ellos se encuentran más capacitados para desarrollar el trabajo que se adjudica a esos supuestos asesores, por lo demás bien retribuidos y también el que se encarga a empresas externas de las administraciones en determinadas circunstancias.
