Interior reúne a las asociaciones en un recuperado ambiente de concordia

El Ministerio del Interior y las asociaciones de víctimas se reunirán por primera vez en esta legislatura el martes para estudiar las novedades de la futura ley integral. Todos los grupos, fundaciones y colectivos ciudadanos de atención a los damnificados del terror (en total casi 40) están citados.

La prioridad del Gobierno es que sean parte activa en la elaboración de la normativa. La Dirección General de Apoyo a la Víctimas del Terrorismo, que maneja varios textos de trabajo, no quiere ni siquiera hablar de un borrador articulado hasta no conocer las aportaciones de todas las asociaciones.

El Ministerio del Interior ha preparado un documento con 26 puntos en los que ha detectado insuficiencias, pero el director general de Víctimas, José Manuel Rodríguez Uribes, está dispuesto a debatir cualquier petición de los damnificados y sus abogados.

Por sí misma, la convocatoria de este encuentro es ya un avance, según reconocen desde el Ejecutivo y los colectivos. La pasada legislatura fue en blanco, habida cuenta del enfrentamiento entre la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Gobierno, incluidas seis manifestaciones multitudinarias contra el Ejecutivo y el diálogo con ETA.

Fracasado el proceso de paz y tras la salida del alto comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, y del anterior presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, las aguas parecen haber vuelto a su cauce. Eso sí, con retraso. La promesa de una nueva ley para los damnificados del terror la hizo en el Congreso José Luis Rodríguez Zapatero el 1 de marzo de 2006. El propio presidente, cuando nombró a Peces-Barba en diciembre de 2004, ya le había encargado como prioritaria la redacción de una nueva normativa.

Pero el proyecto del comisionado nunca salió del cajón. El Gobierno sabía que el PP y la AVT, que habían pedido una y otra vez la dimisión del catedrático por partidista, no iban ni a sentarse a hablar sobre una ley apadrinada por el ex rector de la Universidad Carlos III.

Aunque ha mejorado la relación con la AVT, Interior sabe que aún hay escollos y, sobre todo, que no va a ser fácil llegar a un acuerdo con el PP. Los populares tienen la intención de presentar una proposición de ley propia sobre el nuevo texto. El Gobierno insiste en que la futura norma tiene que tener el mayor consenso y busca recabar el mayor número de apoyos en el Parlamento, una vez tenga el sí de las víctimas. Además, pretende que el proyecto se apruebe por unanimidad.