Uribe ataja con firmeza el colapso judicial

La decisión del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de decretar el estado de excepción en el país para atajar la huelga que desde hace 36 días mantienen los empleados judiciales y ha bloqueado los fallos de 160.000 procesos ha levantado ampollas entre los funcionarios afectados y la oposición que critican la medida por inconstitucional, aunque fue mayoritariamente aplaudida por la población.

En la última oferta para acabar con el prolongado paro que ha causado más de 44 millones de euros en pérdidas e inmovilizado la justicia el mandatario ofreció subir los salarios que reclamaban los trabajadores, quejosos por las grandes desigualdades entre jueces y abogados. Pero el sindicato no aceptó las mejoras por un valor global de 38 millones de euros y decidió mantenerse en huelga. Por ello, Uribe ha optado por tirar por la calle de en medio ante el temor de que numerosos delincuentes, entre los que se encuentran peligrosos asesinos, queden en libertad al no ser procesados.

El estado de excepción tendrá una vigencia inicial de noventa días, pero podrá prorrogarse previa autorización especial del Senado. El decreto, cuya legalidad será estudiada por la Corte Constitucional en un plazo de dos meses, concede al Consejo Superior de la Judicatura facultades para destituir de sus cargos a los huelguistas, trasladarles, nombrar sustitutos y suspender a quienes ayer no acudieran a sus oficinas.

Según Fabio Hernández, presidente de la Asociación nacional de empleados de la rama judicial (Asonal), la «declaración de conmoción interior (excepción) es inconstitucional». Con él está de acuerdo el presidente del opositor Polo Democrático, Carlos Gaviria. «No hay motivos que justifiquen la medida. Si hay un hecho perturbador del orden público, de ese hecho es coautor el Gobierno», dijo.

En el mismo sentido se pronunció Alfredo Beltrán, ex magistrado del Constitucional. «No existe fundamento en la Carta Magna para declarar el estado de excepción. Esto no se puede manejar con decretos policiales», comentó a una radio local. Sin embargo, fueron mayoría quienes aplaudieron la postura del gobernante conservador concebida para desatascar el colapso en los juzgados pero que tendrá más repercusiones, como por ejemplo, permitir a los notarios asumir competencias que tenían los magistrados.

Además, el Consejo Judicial gozará de la potestad de dictaminar medidas que descongestionen procesos de jurisdicción voluntaria y de adopción. El alto organismo también está facultado para rechazar el trámite de demandas que carezca de fundamentos y se modificará el Código de Procedimiento Civil.

Solución definitiva

Al parecer, Uribe busca solucionar no sólo el colapso existente en los tribunales derivada del paro, sino abordar de una forma definitiva los problemas que afectan al sector judicial. Para ello el Gobierno anunció que presentará en el Congreso el proyecto de ley que modifique la administración de justicia. En dos días, el mandatario comparecerá ante la Cámara baja para exponer las razones por las que ha decretado el estado de excepción, aunque ya las adelantó al comunicar la medida. «Estaba en peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, cuyos hechos son expresión inequívoca de desestabilización y atentan de manera inminente contra el normal funcionamiento de las instituciones», señaló.

La posibilidad de que asesinos como los que mataron a Santiago Lozano, el bebé de once meses cuya muerte conmocionó a Colombia la semana pasada, o los de Liliana Gaviria (hermana del ex presidente César Gaviria) y el narcotraficante Miki Ramírez recobren su libertad por falta de juicio acabó por convencer al jefe del Estado .

Durante los casi cuarenta días de huelga, 120.751 procesos, 36.286 tutelas y 25.284 audiencias han quedado sin sentenciar o no se pudieron celebrar. Tampoco se han podido ejecutar 15.983 órdenes de captura y 2.720 detenidos deberán quedar en libertad por expirar los plazos de prisión preventiva.

La última vez que Uribe decretó el estado de excepción fue en 2002, nada más tomar posesión para su primer mandato. La causa, una ola de atentados de las FARC.