Los grupos parlamentarios respaldan elevar a 400 los escaños del Congreso

Los grupos políticos del Congreso están dispuestos a que aumente la familia parlamentaria de 350 a 400 diputados. Éste es uno de los aspectos que tocará la subcomisión que estudia la reforma de la ley electoral, en vigor desde hace 23 años. Los intereses son, sin embargo, contrapuestos y el único consenso es que las modificaciones deben hacerse por consenso. A partir de ahí, cada uno arrima el ascua a su sardina. PSOE y PP están interesados en cambiar el voto emigrante, y los socialistas, además, el inmigrante; los nacionalistas reclaman un cambio de circunscripción para las europeas; Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia quieren revisar la proporcionalidad del sistema, y así un sinfín de propuestas.

La ley electoral se aprobó el 19 de junio de 1985 con el acuerdo casi unánime del Congreso, 239 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, pero 23 años después las goteras son evidentes. José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido que la norma tiene «aspectos mejorables» y lo mismo piensa Mariano Rajoy, que ha incluido la reforma entre «las prioridades» de esta legislatura. Por no hablar de IU y UPyD, para los que el asunto es vital; para el primero, porque está en juego su supervivencia, y para el segundo, porque su desarrollo depende en buena medida del cambio de las reglas del juego electorales.

Aumento de población

Todos coinciden en que algo hay que cambiar, pero no hay concurrencia en el diagnóstico. Apenas un asunto concita cierta identidad de opiniones: la ampliación del número de escaños de la cámara baja, de los 350 actuales a 400. La Constitución prevé en su artículo 68 que el Congreso puede tener entre 300 y 400 diputados. Para las primeras elecciones generales, las de junio de 1977, se acordó que fueran 350, y así ha seguido hasta hoy sin que el aumento de población se haya traducido en una ampliación de la cifra de representantes de la voluntad popular.

Pero como nada puede ser así de sencillo cuando se trata de conjugar intereses políticos, hay diferencias en cómo elegir a estos nuevos representantes. ¿Los 50 nuevos diputados se reparten entre las 52 provincias o se crea un colegio electoral nacional para asignar el medio centenar de escaños? Los nacionalistas son partidarios de repartirlos entre las circunscripciones existentes, mientras que IU y UPyD prefieren que se elijan en distrito único. Sus cuentas, en uno y otro caso, dicen que es lo más beneficioso para sus expectativas electorales. PSOE y PP aún no se han pronunciado, pero también han hecho números y no ven grandes diferencias en ambos supuestos.

Los grupos parlamentarios tienen que entregar la próxima semana sus propuestas al presidente de la subcomisión de reforma electoral, Alfonso Guerra, según acordaron en su reunión del pasado 2 de octubre. Los socialistas quieren, según fuentes de este partido, regular el voto de los emigrantes con cinco años de residencia en España para que participen en los comicios locales. No es un asunto menor porque supondrá una inyección de proporciones al censo con imprevisibles, por ahora, consecuencias políticas.

El PSOE también defiende la segunda vuelta para la elección de alcaldes en aquellos casos que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en la primera. Otra propuesta socialista será la implantación de la circunscripción de los españoles residentes en el extranjero que podrán designar a sus representantes en el Parlamento. Tampoco es un tema baladí ya que el próximo año en torno a un millón de personas sólo en América Latina adquirirán la nacionalidad española por ser hijos de exilados que se sumarían a la ya de por sí nutrida colonia en el exterior.

En urna

El PP también pretende que los emigrantes voten en urna, en lugar de hacerlo por correo como hasta ahora, pero no en circunscripción única sino que cada residente depositaría su papeleta en el recipiente correspondiente a su provincia de origen. Los populares confían en que esta reforma entre en vigor para las elecciones autonómicas gallegas de la primavera próxima, en las que esos sufragios pueden ser decisivos, pero no parece probable que lo consigan por las reticencias de los socialistas hacia está fórmula. El Bloque Nacionalista Galego, en cambio, apoya la iniciativa.

El partido que lidera Mariano Rajoy trasladará asimismo a la subcomisión su propuesta del plus de gobernabilidad, es decir que la formación que obtenga más votos en las elecciones, sean municipales o autonómicas, gobierne. El PP pretende que no se repitan casos como los de Baleares o Cantabria, comunidades en la que son la fuerza con más apoyo en las urnas, pero en las que fue desalojado del poder por los pactos del PSOE con formaciones minoritarias. La fórmula legal que manejan los populares es que ninguna fuerza con menos del 30% de los votos pueda gobernar.