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Editorial

Investigación mejorable

El informe preliminar de la Comisión de Investigación encargada de analizar las circunstancias en que se produjo la catástrofe de Barajas no establece conclusiones determinantes sobre las razones del accidente, aunque sí constata que los alerones del MD-82 de Spanair no estaban desplegados para que el avión lograra despegar adecuadamente y que los pilotos no pudieron percatarse de ello porque no funcionaron los mecanismos de aviso sonoro (TOWS). Pese a que el documento apunta, en línea con lo que ya señalaba el borrador filtrado hace unas semanas, a esos indicios como el posible motivo del desastre, su principal virtualidad probatoria es lo que descarta: que no se produjo un comportamiento anómalo en los motores ni en las reversas que pueda explicar por qué la aeronave se estrelló, provocando 154 muertos. La destrucción sufrida por los componentes del avión y el prematuro momento en que se encuentran las averiguaciones, cuando apenas ha transcurrido mes y medio desde el accidente, justifican que el informe constituya poco más que un primer relato de las evidencias. Pero es precisamente este hecho el que hace más reprobable la constante transmisión extraoficial del contenido de las investigaciones, incluido el borrador que sí incluía unas referencias sobre una posible praxis deficiente por parte de Spanair que ahora se han suprimido.

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La Comisión aconsejaba en ese borrador, a la luz de un siniestro registrado en Detroit en 1987, que las tripulaciones de todos los MD-82 revisaran los sistemas de alarma antes de cada vuelo, algo que no cumplía Spanair. Esta recomendación se conoció gracias a la filtración en torno a las investigaciones, por lo que la decisión de eliminarla requeriría de alguna explicación que no figura en el informe preliminar difundido ayer. La imposibilidad de que las pesquisas emprendidas tanto por los responsables aeronáuticos como por el juez encargado del caso puedan arrojan datos concluyentes a corto plazo obligaba a todos los implicados en el procedimiento a ser particularmente cuidadosos en el manejo de una información cuyo carácter reservado está protegido por ley. Es evidente que la quiebra en la confidencialidad no sólo vulnera los principios que deben regir una investigación tan relevante, sino que daña sobre todo la confianza de las familias de las víctimas, obligadas a convivir con el dolor y la inevitable tardanza en el conocimiento de los hechos, e inquieta a un sociedad necesitada de respuestas.