Montoro suaviza las exigencias del PP para apoyar la inyección de liquidez

El PP dará su apoyo al fondo para la adquisición de activos financieros si el Gobierno ofrece garantías por escrito de que los bancos destinarán los recursos adquiridos a financiar a las familias y la pequeña y mediana empresa. Es el único requisito exigido por el responsable económico del principal partido de la oposición, Cristóbal Montoro, al vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes. Nada de retirar los Presupuestos Generales del Estado, como había reclamado el día anterior la secretaria general de su formación, María Dolores Cospedal, y ayer por la mañana el portavoz del partido, Esteban González Pons.

El ex ministro de Hacienda dejó claro que apoyar esta medida no supone en ningún caso firmar un «gran acuerdo» con el Gobierno porque no arregla, dijo, los problemas fundamentales de la economía española, entre ellos, el incremento del desempleo. Sin embargo, desvinculó este asunto de un entendimiento sobre las cuentas públicas, que dio por imposible. «No hay negociación paralela ni la ha habido nunca, pero sí intención de seguir hablando sobre otras cuestiones», dijo al término de la reunión preparatoria del encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Montoro hizo así lo que no habían hecho ni Cospedal ni González Pons: distinguir entre dos planos. No cabe, según su propia explicación, que el Gobierno y el PP vayan de la mano en política económica porque «no hay coincidencia en el diagnóstico» y porque el Ejecutivo no tiene voluntad, aseguró, de negociar unos presupuestos que ya ha presentado «cerrados» en el Congreso. Pero el PP apoya sin ambages la decisión de Rodríguez Zapatero de aumentar hasta 100.000 euros la garantía de los depósitos bancarios y, aunque plantea «dudas», no se opone a una operación que ha sido recibida con agrado por los bancos españoles.

El responsable económico del PP planteó a la iniciativa todo tipo de pegas. Dijo que se decidió de forma precipitada y, como prueba, explicó que Solbes fue incapaz de presentársela por escrito. Y, sin embargo, se quedó en un «sí» condicionado. Entre sus exigencias no está ya sólo la de que exista un control parlamentario; también reclamó que el decreto obligue a los bancos a volver a comprar los activos que ahora adquirirá el Tesoro en un plazo de tiempo determinado.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a introducir todos los mecanismos de garantía necesarios, incluido el del control de la cámara legislativa. Pero aclaró que no se piensa en una «comisión ad hoc», que es lo que hasta ahora había exigido el PP, sino en ofrecer al Parlamento toda la información disponible sobre el funcionamiento del fondo que, dijo, «va a ser examinado día a día».

En todo caso, aseguró que no hay forma de saber qué porcentaje de los recursos obtenidos por los bancos a costa de un aumento en la emisión de deuda repercutirá en los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, aunque consideró «razonable» que se acerque al cien por cien, porque en estas operaciones se sustenta la actividad del sistema financiero. El principal partido de la oposición sostiene que la fórmula escogida por el Gobierno para inyectar liquidez es demasiado «compleja». Montoro propuso incluso una alternativa parecida a la que rechazó Rajoy hace unas semanas para dar créditos a las familias y a las empresas «sin pasar por el balance de las entidades financieras». Pero fue rechazada.

En cualquier caso, lo que Montoro y Solbes hablaron ayer son cuestiones técnicas. La batalla política va por otro lado. Después de la reunión y de las declaraciones que durante las últimas semanas se han cruzado los dirigentes de los dos partidos mayoritarios queda poco margen para que Zapatero y Rajoy salgan de La Moncloa con un apretón de manos.