Navantia advierte de retrasos en los pedidos y pérdida de competitividad por las protestas

Los comités de empresa de los tres astilleros de la Bahía han alzado la voz para pedir «la dimisión» del cuerpo directivo de Navantia. Según el portavoz sindical de los tres centros de trabajo, Jesús Gargallo, la situación podría derivar en «una quiebra técnica equiparable a la sufrida en 2004». La empresa advierte de que las protestas de la plantilla están llevando a retrasos en el plan de producción de pedidos y a una pérdida de competitividad.

«Aún se pueden tomar medidas», aseveró Gargallo. Por lo que exigen al presidente de la construcción naval de la empresa, Juan Pedro Gómez Jaén, y al responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, «la negociación de un Plan Industrial no unilateral para la Bahía», que consideran «prioritario» a fin de garantizar «la viabilidad de los centros y sus actividades». A priori, buscan «una voluntad de diálogo» por parte de los responsables de la entidad constructora.

La dirección de la empresa insiste en que la carga de trabajo en los astilleros españoles, y en especial en los de la Bahía, es alta. En el caso de los centros de trabajo gaditano los pedidos garantizan empleo hasta 2012 y aún quedan por decidir los concursos de Noruega, Australia y Suráfrica.

Navantia apela a la «compleja» disposición de los sindicatos, quienes «se negaron a asistir» a las reuniones concedidas en la última semana de septiembre y el pasado 3 de octubre. Asimismo, indica que desde los acuerdos de diciembre de 2004, la elaboración de un Plan Industrial -ya presentado ante la SEPI, las federaciones sindicales y Bruselas- sólo compete a Navantia. «Para el estudio y discusión del proyecto, se ha creado un grupo de trabajo, lo que nos parece un foro adecuado para todo tipo de aportaciones», explica un portavoz de la entidad.

Sin embargo, desde la privatización de cuatro de los diez anteriores astilleros, el comité de Navantia sólo destaca «la inoperancia de unos responsables caducos» a la hora de consolidar la empresa naval pública. Pero la presión de los trabajadores se extiende además hacia la regulación de la situación laboral de la industria auxiliar, el rejuvenecimiento del personal, así como la implantación de un convenio único para todos los centros de producción.

La empresa insiste en que en 2004 el Gobierno y la Comisión Europea firmaron un acuerdo en que la nueva Navantia repartía su trabajo en un 20% para el sector civil y el resto para el sector militar, amén de que la plantilla no se podía tocar hasta 2015. Esta situación es conocida por los sindicatos, pero aclaran que la carga civil del 20% no se está cumpliendo ahora y los 5.200 obreros de plantilla «tampoco es un número real». Por esta razón, reclaman cambios a la dirección. El colectivo de trabajadores ya ha fijado un calendario de movilizaciones para octubre, «con cobertura legal», en el que están previstos una reunión con Diputación el 15 de octubre y un paro para el día 16 durante la botadura del primer buque de vigilancia litoral, encargado por el gobierno de Venezuela, cuyo acto tendrá lugar en el astillero de San Fernando. La empresa Navantia advierte de que estos paros podrían atrasar los plazos de entrega de trabajos y acusar «una falta de competitividad» de las factorías gaditanas.