Los jueces acusan a los políticos de atacar al juez Tirado para ocultar su parte de culpa

Las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España, celebradas esta semana en Cádiz, concluyeron ayer con un manifiesto conjunto en el que tachan de «intolerables» las críticas del Gobierno central a la sanción impuesta al juez Rafael Tirado Márquez, por no haber ejecutado la sentencia de prisión contra Santiago del Valle, el asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, un caso que conmocionó a la opinión pública y puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial español.

El Consejo General del Poder Judicial sancionó al juez con una multa de 1.500 euros, que ha sido tachada por diversos políticos y medios de comunicación como insuficiente. La última y más dura crítica fue lanzada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dijo claramente que el juez Tirado se merecía un castigo «infinitamente más grave» y pidió el cese temporal del juez e, incluso, la expulsión de la carrera.

Independencia judicial

Los jueces decanos de toda España aprovecharon de este modo el encuentro en Cádiz para responder al Gobierno con un «rotundo rechazo a lo que consideran «constantes injerencias» en las labores del CGPJ, el órgano que gobierna a los jueces, al que retan a «que esté a la altura de las circunstancias» y demuestre que es independiente del poder legislativo.

En el comunicado denuncian además, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero pretende con su ataque al juez Tirado «ocultar» su propia «responsabilidad en la secular carencia de medios personales y materiales» que padece el sistema judicial español.

Lejos de lo esperado, en el manifiesto los jueces no hicieron ningún alegato en defensa del juez sevillano, ni valoraron su grado de culpabilidad en el caso Mari Luz. No obstante, la polémica estuvo presente de manera velada tanto en los discursos de clausura de las Jornadas como en la rueda de prensa ofrecida después, en la que intervino Federico Jiménez Ballester, juez decano de Sevilla y, por tanto, superior del magistrado sancionado.

Las primeras referencias partieron del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, que sin citar al magistrado Rafael Tirado afirmó que corresponde a los jueces «exclusivamente» la labor de juzgar y «ejecutar» las sentencias; una afirmación que liberaría de culpa a la secretaria del juzgado de Sevilla, a la que el propio juez Tirado acusó de no ejecutar la sentencia contra Santiago del Valle. La funcionaria ha sido suspendida de empleo y sueldo durante dos años como sanción impuesta, en este caso, por el Gobierno central. «El juez no es un funcionario», afirmó Méndez de Lugo, y «el poder que se le concede tiene como contraprestación una responsabilidad inmensa».

Casi en una respuesta a Méndez de Lugo, el juez decano de Sevilla afirmó poco después (también sin nombrar el caso) que los jueces «asumen» esa «responsabilidad» que les corresponde, pero que «no se nos puede achacar la labor del personal [de los juzgados] o las deficiencias del sistema» judicial.

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