Intromisión política

as declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresando su deseo de que Consejo del Poder Judicial imponga tres años de sanción al juez Rafael Tirado, multado con 1.500 euros por el caso de la niña Mari Luz Cortés, han avivado las acusaciones contra el Ejecutivo de instrumentalizar la causa para eludir sus propias responsabilidades. La suspensión por dos años de la secretaria judicial del Juzgado número 1 de Sevilla ha movilizado a varias asociaciones profesionales, que critican la desproporción del castigo mientras se eluden las razones de un problema que ha puesto de relieve la ineficiente burocratización de la Justicia. Las carencias de la Administración precisan de medidas decididas para poder paliarlas, pero también de respeto a la autonomía del Consejo.