Un juez ordena por primera vez poner en libertad a 17 prisioneros de Guantánamo

Por primera vez desde que se crearon el término «combatiente enemigo» y la laguna jurídica en Guantánamo que soportan todos los presos de la base cubana, el Gobierno de EE UU se ha encontrado con la orden de un juez federal que exige la liberación inmediata de 17 musulmanes chinos de habla turca.

Se trata de un grupo de 22 hombres de la etnia uighur que se encontraban en un campamento de Afganistán durante los bombardeos estadounidenses de 2001. Uno de ellos murió en los ataques y el resto huyó a la cordillera que separa el país con Pakistán, pero fueron detenidos allí por las tropas paquistaníes y entregados a las autoridades estadounidenses. A seis de ellos se les permitió dejar la prisión el año pasado y pedir asilo en Albania, tras habérseles retirado la consideración de combatientes enemigos dos años antes, pero otros 17 siguen en la prisión de máxima seguridad construida en la isla de Cuba. En otros casos, en los que por razones misteriosas los prisioneros dejan de ser un peligro para la seguridad nacional de EE UU, el Gobierno negocia la extradición con su país de origen, pero en éste incluso EE UU tiene claro que serán cruelmente torturado en su destino si se les devuelve a China. Ningún país ha aceptado darles asilo.

Siete años de prisión sin cargos y ningún motivo aparente que les convierta en un peligro para la sociedad han convencido al juez Ricardo Urbina de que deben ser liberados dentro del territorio de EE UU, ya que «la Constitución estadounidense prohíbe la detención indefinida sin motivo», subrayó entre vítores y aplausos de la sala.

«Emocionados»

«Estamos emocionados», declaró a la agencia Reuters Sabin Willet, uno de los abogados. «Se ha tardado mucho en hacer justicia pero hoy hemos visto a un gran juez que ha aplicado una decisión justa y de principios».

Su comunidad religiosa les ha ofrecido alojamiento y trabajo en Washington o Florida, pero aún no está claro que realmente vayan a ver la luz del día. El Gobierno estadounidense ha desestimado la decisión judicial con el argumento de que este juez no tiene autoridad para darle esa orden, y aún se reserva el derecho de apelar.

Miembros de la asociación de estadounidenses uighur han prometido al Gobierno que velarán por sus compañeros y se encargarán de enseñarles a adaptarse a la vida en EE UU. La mayor parte del grupo ni siquiera conocía los atentados del 11-S cuando fueron detenidos y los que lo habían escuchado por la radio no imaginaron nunca que los talibanes estaban involucrados.

El juez ha dado al Gobierno hasta el viernes de plazo para ponerles en libertad y planea difundir una opinión escrita al respecto mañana mismo. «El Gobierno no debe hacerse el remolón, sino sacar a estos hombres inmediatamente de esa prisión ilegal que es Guantánamo», aseguró la portavoz de Human Rights Watch Jennifer Daskal. «Una vez más, una corte federal ha rechazado la teoría de de Bush de que su decisión puede triunfar sobre los derechos constitucionales», apostilló.