Los secretarios judiciales pararán por la sanción del 'caso Mari Luz'

Los secretarios judiciales mostraron su «estupor e indignación» ante esta resolución y consideraron que detrás de la misma se pretende ocultar el «estancamiento» en el que se encuentra la Administración de Justicia y la «propia inoperancia» del ministro Mariano Fernández Bermejo, al que piden su cese en el cargo.

En un comunicado, los funcionarios sostienen que con la suspensión de dos años a Juana Gálvez -empleada del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que, dirigido por el juez Rafael Tirado, no ejecutó una sentencia pendiente por abusos sexuales a Santiago Del Valle- «constituye un auténtico escándalo», «es desmesurada» y «se ha optado por hacer sangre en la parte más débil (...) para contentar a la opinión pública».

Advierten también de que, con la carencia de medios materiales y humanos en las oficinas judiciales, sucesos como el de Mari Luz Cortés «puedan pasar en cualquier momento y en cualquier lugar.» Por ello, exigen reformas inmediatas tras cinco años de parálisis. Aseguran que, en las actuales circunstancias, ningún secretario puede controlar la oficina judicial con los medios existentes, y ponen como ejemplo las deficiencias del sistema de gestión procesal, que no permite un control informático de las ejecutorias y del resto de procesos, «por lo que se tienen que hacer manualmente, en papel, una a una».

Las críticas al Gobierno también llegaron desde la asociación progresista Jueces para la Democracia, que en un comunicado considera «inaceptable» que los miembros del Ejecutivo se inmiscuyan de forma reiterada en las funciones del Poder Judicial, en referencia a las recientes declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que manifestó su deseo de que el juez Tirado fuera sancionado con tres años de suspensión y no con los 1.500 euros de multa que le impuso el Consejo General del Poder Judicial.