La UE denuncia a España por la desprotección de los inmigrantes

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no proteger con nuevas leyes a las víctimas de las mafias de la inmigración. Según la UE, el Ejecutivo, pese a tener dos años de plazo, no ha hecho nada por incorporar a la legislación nacional la directiva que obliga a dar la residencia y «garantizar la subsistencia y protección» de los 'sin papeles' que hayan sido explotados por redes de tráfico de seres humanos o hayan colaborado con la Justicia para desarticular estos grupos.

La Comisión, en su escrito ante la corte de Luxemburgo en el que denuncia a España por vulnerar el derecho comunitario, asegura que el Ejecutivo «no ha adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas» para adaptarse a la directiva 2004/81/CE, a pesar de que ésta fue aprobada en abril de 2004 y de que España tenía como plazo para trasponer esta normativa hasta el 5 de agosto de 2006 (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE). La Comisión Europea ha recurrido al órgano de control del derecho comunitario después de haber requerido varias veces a España, tal y como marca la ley, para que protegiera a las víctimas de las mafias de la inmigración.

La directiva, que el Consejo de la Unión Europea consideraba uno de los ejes para luchar contra los grupos que trafican con personas, obliga a los países comunitarios a «informar» a todas las víctimas de la posibilidad de cooperar con las «autoridades policiales, fiscales y judiciales». También ordena a los gobiernos, habida cuenta de la «vulnerabilidad» de estos inmigrantes, establecer una «asistencia» que les «permita recuperarse y librarse de la influencia» de esos grupos mafiosos que les introdujeron en Europa, incluidos «tratamientos psicoterapéuticos» si así lo necesitaran. La directiva que España incumple también incluye que el permiso de residencia se otorgará como mínimo por un período de medio año y que los extracomunitarios que hayan sufrido el abuso de estas redes deberán tener «acceso al mercado de trabajo, la formación profesional y la enseñanza».