Víctimas más protegidas
La revisión por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad de los protocolos de protección policiales a las víctimas de violencia doméstica debe avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos desplegados por el Estado de Derecho para tratar de erradicar los malos tratos, amparar a quienes los padecen o han padecido y acotar sus gravísimas consecuencias. La incorporación al catálogo de medidas de custodia del riesgo extremo, por el que se garantiza la vigilancia permanente de aquella persona que se encuentre en situación de peligro para su propia vida, supone una respuesta lógica ante la crudeza de las estadísticas que consignan la muerte anualmente de 70 mujeres en nuestro país a manos de sus maridos, compañeros sentimentales o ex parejas. Una cadencia brutal que ayer se cobró la joven existencia de una vecina de la localidad vizcaína de Santurtzi de 26 años. El hecho de que el 20% de quienes fueron asesinadas el año pasado contara con el aparente cobijo de órdenes de protección y de otras de alejamiento contra su agresor representa crudamente la insuficiencia del sistema para calibrar certeramente el riesgo que acecha a las víctimas y, después, para dotarlas de la seguridad precisa.
Actualizado: GuardarLos destructivos efectos de la violencia doméstica exigen una adecuación de los equipos policiales y de la planta judicial que permita una reacción más diligente y eficaz ante la amenaza del maltrato, pero también una mayor dotación de recursos ante una problemática de muy largo recorrido a la que han tardado en destinarse los esfuerzos exigibles. La detección más precoz de la violencia, la creciente denuncia de la misma y la agilización tanto de los trámites penales como de la adopción de medidas cautelares contra los agresores constituyen progresos que necesitan de una plasmación práctica eficiente para lograr no sólo que cada vez mueran menos mujeres asesinadas, sino para hacer desistir a aquellos siguen confiando en que su agresividad desmedida quede impune. Con todo, la evaluación rigurosa del riesgo que acecha a las víctimas no puede basarse sólo en la mayor y mejor dotación de medios y en la pericia de jueces y policías. También requiere de una ayuda psicológica intensiva para evitar reconciliaciones que pueden ser fatales y, sobre todo, de una sensibilización más decidida por parte del entorno de las agredidas sobre su obligada protección.
