Los expropiados del tranvía se encerrarán si no hay un acuerdo sobre los pagos

Para las 27 familias de Montañeses de La Isla, las obras del tranvía están lejos de ser una mejora para el desarrollo urbano de San Fernando, ya que significarán la pérdida de sus viviendas, sus negocios y parte de su vida pues muchos llevan allí 30 años.

En estos días han conocido las tasaciones de sus inmuebles por parte de la Junta de Andalucía, tras varios meses de espera, y las compensaciones económicas por la expropiación de la zona ha caído como un jarro de agua fría para los vecinos, que aseguran que se les ha quitado «hasta el sueño».

Las valoraciones realizadas por la Junta no han cumplido las expectativas de los afectados que, aunque entienden el esfuerzo realizado por la Administración regional, aseguran que «ya nos lo han quitado todo y no tenemos nada que perder, por lo que lo único que nos queda es pelear y si no llegamos a ningún acuerdo estamos dispuestos a encerrarnos y a ver quién nos saca». Así lo constata Javier Bey, que regenta el bar Canasta y que cree que aunque «les ampare la ley no hay derecho e, incluso es ilógico, lo que nos están haciendo».

Las cantidades ofrecidas por la Junta distan mucho de las que realizaron los tasadores y asesores independientes. María Baizán lleva 14 años viviendo en la zona y la tasación de su casa por estos técnicos superó los 240.000 euros; sin embargo, la Junta le ha ofrecido 120.000 euros.

Joaquín Moreno además de su vivienda, tiene un negocio alquilado, una freiduría, por la que le dan 30.000 euros, mientras que por su vivienda le ofrecen 70.000. Un total de 100.000 euros que «son insuficientes porque a dónde voy yo ahora si con ese dinero no puedo ni comprar una casa. Además, el alquiler de la freiduría es lo que me da de comer y sin él no tengo nada, soy demasiado mayor para cambiar mi vida». Su mujer, Isabel Castañeda, está enferma con depresión y las tasaciones han sido para ella «un golpe muy duro porque moralmente me lo han quitado todo y me veo sin nada».

Francisco Cruz tiene un laboratorio dental y su preocupación no está en el traslado del negocio sino «en la clientela que pierdo, porque llevamos 40 años en la misma esquina y ahora quién me asegura que me vaya a ir bien en otra zona. Nos piden que nos arriesguemos en plena crisis cuando ya teníamos todo hecho, simplemente nos tocan la vida, porque no se trata de un local sino de una actividad, pero eso no se puede justificar». Desconocen cuándo se harán efectiva las expropiaciones, un temor que «nos come por dentro pues parece que depende del avance de la obras», admite Javier Bey que no duda en asegurar que «no pararemos de luchar hasta conseguir lo que creemos justo».