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Regulación europea

La Comisión Europea avanzó ayer una propuesta regulatoria ante las fallas que ha revelado la crisis financiera. Las modificaciones que plantea la iniciativa caminan en la misma dirección que ha seguido hasta ahora el Banco de España y que explica el indudable éxito que supone que el sistema español se haya mantenido a salvo de las prácticas que han desvirtuado la actividad bancaria, en especial en EE UU. De entre las medidas que contempla la Comisión Europea, unas pretenden reducir los riesgos impidiendo la concentración de préstamos que propicie la generación de grandes deudores, aspecto relevante para el mercado interbancario. En esta misma línea, y haciendo suyas las conclusiones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité de supervisores bancarios europeos, la Comisión Europea introduce también medidas para el control de los riesgos de liquidez en la operativa cotidiana de las entidades financieras. Por otra parte, la Comisión ha decidido responder a los problemas surgidos con la paulatina extensión de los bancos europeos y sus operaciones más allá de sus respectivos orígenes nacionales. El solo hecho de que determinadas firmas hayan alcanzado un tamaño superior al PIB del país en el que tienen fijada su sede social obliga a una regulación de ámbito europeo que pudiera asegurar el rescate en común de una entidad cuyas dificultades desbordasen la disponibilidad financiera de un estado miembro.

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Pero las medidas más importantes van dirigidas a modificar, reduciéndola, la discrecionalidad de las entidades de crédito para multiplicar sus balances mediante la utilización de instrumentos que no consuman capital. Una práctica que se encuentra en el centro mismo de la actual crisis financiera. La iniciativa de la Comisión Europea resultaba ineludible y, en tanto que emula la regulación del Banco de España, contribuye a resaltar la ventaja comparativa en que se encuentra nuestro sector bancario. Lo cual no significa que no haya vertientes que sean perfectibles en nuestro país. Anteayer el vicepresidente Solbes quiso tranquilizar a los ciudadanos afirmando que los ahorros de los españoles estaban seguros. Pero sería conveniente que su cobertura en caso de quiebra se incrementara sustancialmente, dado que los 20.000 euros previstos se van quedando cada vez más lejos de las cantidades que se contemplan en los países de nuestro entorno.