El Poder Judicial se aferra al consenso interno para limar su imagen partidista

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentó ayer limpiar la imagen partidista que acuñó durante el proceso de renovación de sus miembros y sus máximos responsables invocaron la independencia de criterio, el diálogo y la búsqueda de consensos como línea de actuación de esta nueva etapa. Como ejemplo de la ruptura con siete años de enfrentamientos, división y lucha política en el Poder Judicial, el presidente, Carlos Dívar, y la nueva portavoz, Gabriela Bravo, resaltaron que en la segunda reunión del pleno se adoptaron 14 acuerdos por unanimidad de los 21 magistrados.

Sin embargo, la portavoz no explicó por qué se designó, también por acuerdo unánime, como vicepresidente del Poder Judicial a Fernando de Rosa, ex consejero popular de la Generalitat valenciana, el candidato pactado hace más de dos meses entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El nombramiento de De Rosa, propuesto por el PP, completó el diseño del nuevo Poder Judicial que acordaron el 23 de julio el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

Carlos Dívar, en una breve intervención, destacó la unanimidad en todas las decisiones tomadas hasta el momento por el nuevo CGPJ y aseguró que la institución apuesta por «la moderación y el diálogo». El presidente dijo que aceptará las críticas, tomará «con prudencia» los elogios e intentará lograr en sus cinco años de mandato una justicia «mejor, más moderna y más cercana a los ciudadanos».

Gabriela Bravo, ex portavoz de la Unión Progresista de Fiscales y propuesta por el PSOE, prometió ser portavoz de toda la institución y anunció el final de la política de familias y bloques (conservadores contra progresistas) en el CGPJ. Remarcó que los acuerdos se han tomado tras «amplios debates, ambiente y talante de alto nivel, en los que hemos logrado aunar sensibilidades y voluntades». Aseguró que «no ha habido imposiciones de grupos ni posiciones mayoritarias ni minoritarias, porque todos nos hemos sumado a la necesidad de dialogar» e insistió en que que los nombramientos del presidente, vicepresidente y portavoz se han hecho desde «la convicción» y no desde la obediencia a los políticos.

Comisiones equilibradas

El Pleno designó también a los vocales que integrarán las once comisiones de trabajo del CGPJ. Bravo aseguró que en la elección sólo ha primado «el perfil técnico y profesional» y no el peso político. En la composición de las comisiones más importantes se ha buscado el equilibrio entre vocales propuestos por el PSOE y el PP y en dos de las más delicadas, la disciplinaria (control de los jueces) y la de estudios (informes a proyectos de ley), se ha incluido a Margarita Uría, del PNV, como bisagra. Sólo la comisión de calificación, que propone los nombramientos, cuenta con mayoría de vocales progresistas. Habrá dos nuevas comisiones, una para mejorar y coordinar las relaciones con las comunidades autónomas y otra para reformar su «obsoleto» reglamento de funcionamiento interno.

El último acuerdo, también orientado a rebajar la politización, fue encargar a la Comisión de Estudios una reforma del reglamento para la provisión de plazas en la carrera judicial. Su propósito fundamental es introducir criterios tangibles de valoración y motivación para elegir los altos cargos de la judicatura, que son de libre designación, con la idea de que los nombramientos «se guíen sólo por criterios de mérito y capacidad», según Bravo. La portavoz admitió que es una «tarea esencial» dado el «desánimo» existente entre los propios miembros de la carrera y la «deslegitimación» sufrida por la institución.