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Eterno debate

El tímido debate sobre la prostitución ha irrumpido una vez más en la vida pública con la modestia que merecen las cuestiones que esconden un doble o un triple fondo que nadie quiere reconocer. El debate oscila entre dos posturas contrarias, como siempre en este país nuestro de colores vivos y alucinante luz del sol que impide la sombra y el matiz: prohibición de la prostitución o legalización del oficio más antiguo del mundo.

Rosa Regás
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Lo que mueve y provoca la prostitución (tráfico de mujeres, régimen de esclavitud, negocios millonarios, etcétera) son los argumentos en contra de los llamados moralistas, sin contar con su argumento rey, que es la propia inmoralidad. Los legalistas, en cambio, defienden que si hay trabajo hay que reconocer los derechos y deberes que conlleva todo trabajo, es decir, revisiones periódicas de salud y alta en la Seguridad Social.

Curiosamente los detractores de la prostitución nunca hablan del ejército de hombres que se sirven de ella, sin el cual no se produciría, ni tampoco de la publicidad en la casi totalidad de periódicos del país y en las televisiones que la fomentan y promocionan.

Al margen de la moral sexual que tantas hipocresías esconde y que al fin y al cabo pertenece al ámbito de la propia conciencia y no al del Estado, nos encontramos con un hecho evidente: la pavorosa cantidad de hombres en todo el mundo que solicitan los servicios de las prostitutas y la elección de muchas de ellas de un oficio que desean seguir ejerciendo en el marco de la legalidad. El resto sí es delictivo: proxenetas, traficantes, esclavistas, redes internacionales de mafias

De todo ello se desprende, por una parte, que la prostitución no parece ser erradicable porque hasta hoy no constituye delito que una mujer o un hombre cobren por los servicios sexuales ejercidos libremente. Y, por otra, que no es demasiado aceptable que se mantenga la prostitución en un limbo legal y sanitario. Otra cosa es exigir firmeza y leyes contra todos los delincuentes de la prostitución, sea de lujo o de la calle, pero no con las prostitutas que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a tener garantizados los servicios de salud, sometiéndose a los controles sanitarios periódicos que decida la Seguridad Social. Por su propio bien, por el de los hombres que acuden a ellas y en consecuencia por el de tantos cientos de familias que constituyen una parte importante de la sociedad.