Los agricultores recogen firmas contra los abusos en los precios

La diferencia entre lo que cuesta un pimiento en la tienda y lo que cobra el productor que lo ha cultivado por él puede llegar a ser de hasta un 1500%. Un abuso contra el que luchan tanto agricultores como consumidores, que se han movilizado para que el Gobierno central tome cartas en el asunto y regule de una vez la comercialización de los productos agrícola-ganaderos, especialmente en esta época de crisis para las economías familiares.

Ayer, la plaza del Arenal de Jerez fue el escenario en el que la organización agraria UPA Cádiz

celebró uno de sus actos dentro de la campaña Por unos Precios Justos. Así, durante toda la mañana, con los secretarios general y de Organización al frente, José Manrique y Catalina Piña, respectivamente, los agricultores recogieron más de 2.000 firmas dentro de su movilización nacional que persigue recoger las 500.000 necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso a favor de una Ley de Márgenes Comerciales y del doble etiquetado.

Esta actuación tuvo lugar sólo un día después de que la ofensiva que durante muchos meses han encabezado de forma conjunta la organización agraria COAG y las de consumidores UCE y Ceaccu sirviera para que se aprobara en la Cámara Baja una proposición no de ley sobre el control de los márgenes comerciales de los productos agrarios.

Esta iniciativa parlamentaria aprobada insta al Gobierno a establecer mecanismos de control del precio de venta de las frutas y hortalizas percibido por los productores y detectar así la situaciones de riesgo de crisis en los precios. No obstante, tal como han lamentado COAG, UCE y Ceaccu, en la norma no se han incluido el resto de productos agrícolas y ganaderos, como la carne, entre los que también se detectan constantes abusos.

Por este motivo, las tres organizaciones han dejado claro que «seguiremos trabajando en esta misma línea para, al igual que ahora se ha conseguido con las frutas y hortalizas, el resto de productos también sean vigilados y controlados», recalcó el secretario general de COAG Cádiz, Salvador Pineda.

En la misma línea se manifestó ayer el secretario general de UPA en la provincia, José Manrique, valoró muy positivamente la aprobación en el Congreso de los Diputados, pero que criticó que la medida se queda corta. «Es un paso en la senda adecuada, pero las medidas tienen que beneficiar a todos los sectores agrarios y ganaderos porque soportan idénticos abusos». Por eso, UPA no desistirá en su recogida de firmas, que hasta la fecha ya suma unas 10.000 rúbricas.

La proposición no de ley fue presentada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y se aprobó junto con dos enmiendas de CIU con 20 votos a favor y 18 en contra en el seno de la Comisión de Medio ambiente, Agricultura y Pesca.

Durante los últimos meses, representantes de COAG, UCe y Ceaccu habían mantenido una ronda de contactos todos los grupos parlamentarios para darles a conocer su propuesta.

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