La Junta defiende que la regulación por una 'muerte digna' responde a una nueva realidad

El secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, José Luis Rocha, sostuvo ayer que el anteproyecto andaluz de Ley de Muerte Digna «se ajusta a la nueva realidad social», y reprochó a la Organización Médica Colegial (OMC), cuyo presidente Isacio Siguer, fue su portavoz el jueves y que representa a todos los colegios oficiales de médicos de España, el hecho de que «no esté a la altura de las circunstancias».

Rocha replicó así a la OMC después de que este organismo tildase de «innecesaria» la futura ley andaluza al considerar que las normales actuales «ya recogen sobradamente todos los supuestos» necesarios para garantizar una muerte digna a todos los españoles.

Frente a este posicionamiento, Rocha argumentó en declaraciones a Europa Press que el anteproyecto andaluz «otorga seguridad jurídica» a los profesionales sanitarios en su ejercicio diario, al tiempo que subrayó que la norma «tratará de dar respuesta a diversos problemas que han surgido en este campo recientemente, como el caso de la sedaciones terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés o la situación por la que atravesó Inmaculada Echeverría».

Aludió también al posicionamiento de sociedades andaluzas como la de Cuidados Críticos, además de «otras organizaciones de consumidores, que han valorado que esta ley es oportuna, aunque como es lógico también presenten sus alegaciones», zanjó.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que la Ley de muerte digna tiene el respaldo de organismos «importantes», como la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, que ven bien el proyecto.

Por su parte, la Unión de Consumidores UCE-Andalucía mostró su apoyo al anteproyecto de Ley de Muerte Digna que prepara el Ejecutivo andaluz al entender como «necesaria y oportuna» una regulación legal en este ámbito, en contraposición a los postulados que mantiene la Organización Médica Colegial (OMC).

En una nota, UCE-A opinó que el anteproyecto de ley andaluza otorgará «seguridad jurídica» a situaciones que, «en la práctica, se vienen produciendo por los avances tecnológicos que inciden en el proceso de la muerte». Según dijo, estos avances «han generado conflictos que, con frecuencia periódica, se ponen de manifiesto ante la opinión pública con notable confrontación de posiciones inspiradas en diferentes principios o criterios».