La UE adopta la 'tarjeta azul' para extranjeros cualificados
Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) alcanzaron ayer un principio de acuerdo para instaurar en Europa una tarjeta azul que facilite la instalación en los estados miembros de trabajadores de terceros países con un nivel de cualificación alto. Esta iniciativa propuesta de la Comisión de octubre de 2007 pretende dar réplica a la carta verde de Estados Unidos. La idea original era armonizar las condiciones laborales y remunerativas de esta categoría de personal para atraerlos a la UE y hacer frente a la penuria de medios humanos que se registra en algunos sectores.
Actualizado:Podrán acogerse a la tarjeta azul aquellos extranjeros que perciban 1,5 veces el salario medio del país en el que hayan sido contratados, lo que en el caso de España se corresponden con ingresos brutos de 33.000 euros al año. En los sectores más demandantes de mano de obra cualificada, el sueldo para satisfacer los requerimientos del documento se aproximára más al salario medio para favorecer la llegada de nuevos trabajadores.
El permiso tendrá una duración máxima de cuatro años y para su obtención se requieren al menos tres años de formación universitaria. Quienes obtengan la tarjeta azul tendrán derecho a las mismas condiciones sociolaborales que los residentes y a las facilidades para el acceso al mercado de trabajo de sus parejas. Tras 18 meses de estancia en la UE, el trabajador podrá desplazarse a otro Estado miembro, con las mismas condiciones otorgadas en el primer país europeo de residencia.
Reticencias checas
La presidencia francesa pretende que el acuerdo de ayer sea formalizado en noviembre, una vez que la República Checa levante las objeciones técnicas. Praga necesita garantizarse que la tarjeta azul no entre en vigor antes de 2011, cuando sus trabajadores verán eliminadas las reservas que les impiden moverse libremente por Alemania y Austria. Estos dos países han aceptado no oponerse a la iniciativa, al haber avalado la Comisión que el nuevo documento conviva con los sistemas nacionales de incentivación para la contratación de extranjeros cualificados. El Parlamento Europeo tendrá que emitir también su visto bueno a la propuesta de Directiva.