Retorno discutible

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley que facilitará el regreso a sus países de aquellos extranjeros no comunitarios que hayan perdido su empleo avanza en la reorientación de la estrategia en materia de inmigración puesta en práctica por el Gobierno a raíz del agravamiento de la crisis económica. La iniciativa permitirá a los inmigrantes en paro cobrar el conjunto de sus prestaciones en dos plazos -el 40% en España y el resto en cada uno de los 19 estados con convenio bilateral de Seguridad Social- a fin de que restablezcan su vida en sus lugares de origen con el compromiso de no retornar a nuestro país en tres años, aunque transcurrido ese tiempo podrán volver sin perder los derechos adquiridos en el pasado. La posibilidad de procurar una salida voluntaria a los trabajadores extranjeros que hayan visto reducidas sus expectativas laborales y añoren su patria -su cifra potencial rondaría los 90.000- puede resultar razonable tanto por la necesidad de mano de obra que ha aflorado en estados que están mejorando sus perspectivas económicas, como en el marco de una política coherente con la apuesta por una inmigración ordenada e integrada. El ministro Corbacho se esforzó ayer en presentar la medida como una oportunidad para los inmigrantes y para los países de los que proceden.