Editorial

Obligada aclaración

El recordatorio hoy del mes transcurrido desde la catástrofe de Barajas y el dolor de las víctimas reavivado por la efeméride ha coincidido con un lamentable cuestionamiento de las investigaciones abiertas para descifrar las circunstancias del desgarrador desastre, a raíz de las continuas filtraciones de información confidencial y de la reprobable gestión que se está haciendo de la misma. La independencia, el rigor y la credibilidad de las averiguaciones que llevan a cabo los juzgados de Madrid y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, adscrita al Ministerio de Fomento, resultan determinantes ante un siniestro de consecuencias tan dramáticas, cuyo esclarecimiento exige un escrupuloso respeto del procedimiento a fin de que las conclusiones no se vean comprometidas por el modo en que se ha llegado a ellas o se han dado a conocer. Resulta tan aventurado como irresponsable en estos momentos dar por invalidado el trabajo de la comisión, cuando ni siquiera se ha verificado el origen de la filtración del informe preliminar que ha motivado la dimisión del único representante de los pilotos. Pero la gravedad de sus críticas contra el procedimiento seguido y la inapropiada difusión de material sensible como ese dictamen o las imágenes del accidente recogidas por Aena sí amenazan hasta tal punto la fiabilidad de las investigaciones que exigen una aclaración inmediata de las irregularidades que las están situando bajo sospecha.

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El juez, molesto ya en su día por el retraso con el que se le hizo llegar un primer vídeo que ya había sido entregado a las principales autoridades del país, ha ordenado diligencias por la posible comisión de un delito de revelación de secretos. Pero a diferencia de lo que han querido dar a entender la vicepresidenta del Gobierno y también la ministra de Fomento al negarse a aceptar la dimisión del piloto, la apertura de esas pesquisas paralelas no exime al Ejecutivo de sus responsabilidades en el esclarecimiento de la procedencia de las filtraciones y la depuración de las posibles responsabilidades administrativas que se deriven del incumplimiento de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea. Porque sería desolador que la Administración errara a las primeras de cambio ante el desafío que comporta una catástrofe como la de Barajas y que los partidos encontraran en las carencias y errores de las investigaciones la excusa para incluir el accidente en el argumentarlo de la pugna partidaria.