El Supremo ilegaliza al PCTV y deja sin siglas legales a la izquierda 'abertzale'

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad la ilegalización e inmediata disolución del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). El alto tribunal, en sólo dos días, ha dejado sin una sola sigla legal a la izquierda abertzale, lo que vuelve a condenar al entorno de la banda a ejercer su actividad política e institucional en la clandestinidad y hace muy poco probable que pueda concurrir a futuros comicios, incluidas las elecciones autonómicas vascas, previstas para el invierno próximo.

El tribunal, en el mismo fallo, ordena iniciar el proceso de embargo y liquidación de todos los bienes y el patrimonio del partido disuelto.

En las próximas semanas, dentro de los trámites de ejecución de la sentencia y como ocurrió en el caso de Batasuna, la sala ordenará al Parlamento vasco la disolución del grupo de PCTV, que cuenta con nueve diputados, y el paso de todos sus miembros al grupo mixto. En ese auto, los 16 magistrados avisarán a la presidenta de la institución autonómica de que si no cumple con el mandato, deberá enfrentarse a un proceso penal por desobediencia grave, como el que costó un año y medio de habilitación para cargo público a su predecesor, Juan María Atutxa.

La Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ya hizo el martes pasado con Acción Nacionalista Vasca (ANV), estimó por completo las demandas presentadas en enero pasado por el Gobierno y la Fiscalía del Estado, que han defendido con éxito que ambas formaciones han sido desde 2005 el instrumento de ETA para burlar la ilegalización de Batasuna.

Aunque sólo se conoce el fallo, fuentes jurídicas indicaron que el Supremo considera probado que los dos partidos ilegalizados han utilizado sus ingresos electorales para financiar y soportar la estructura clandestina de Batasuna, para tener en nómina a su Mesa Nacional y para defender los intereses y la estrategia de ETA en la Cámara de Vitoria, en los ayuntamientos y en las diputaciones forales.

Informes policiales desvelaron que la Mesa Nacional de Batasuna, encabezada por Joseba Permach, dirigía toda la estructura ilícita desde la sede del PCTV en San Sebastián, con una cuenta bancaria única en la que se vertían ingresos de los partidos con representación institucional y a la que tenían acceso los miembros del partido ilegalizado.

En nómina

El PCTV llegó a tener en nómina a casi 50 dirigentes de Batasuna y de las organizaciones del entorno de ETA y, en el otoño de 2007, vació las arcas del partido y desvío el dinero a las cuentas bancarías de más de dos decenas de responsables del partido ilegalizado en 2003. Las decisiones del Supremo han convertido en definitiva una realidad que arrancó en febrero pasado, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la suspensión cautelar por tres años de todas actividades de ANV y PCTV dentro del proceso penal en el que tiene imputados por colaboración o integración en ETA a casi 70 dirigentes de ambos partidos, miembros de la última y clandestina Mesa Nacional, y a responsables de organizaciones de la izquierda abertzale.

La Audiencia Nacional, además, ha disuelto organizaciones afines como Jarrai/Segi, KAS/EKIN o, el pasado miércoles, Gestoras Pro Amnistía, y condenado por delitos de terrorismo a la mayoría de de sus dirigentes.

La ilegalización del PCTV supone la disolución definitiva de la formación que hace seis años, en apariencia, se desgajó de Batasuna; la prohibición de todos sus símbolos, anagramas o lemas, y la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior.

La sentencia ordenará la suspensión y cese inmediato y permanente de todas las actividades del partido, la clausura de sus sedes y páginas web y la prohibición de que sea sustituido en el futuro por otra formación, que sería suspendida de forma automática por considerarse un fraude de ley.

El fallo ordenará la liquidación de todos los bienes y el patrimonio del partido proscrito, que serán embargados. Este proceso será realizado por tres inspectores de Hacienda y el producto de la venta de los bienes e inmuebles se entregará a la Tesorería del Estado, que lo destinará a «actividades de interés social o humanitario».