El Poder Judicial compra las banderas para el País Vasco

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el único apoyo de los vocales conservadores, acordó ayer adquirir los mástiles y las banderas españolas que el Gobierno vasco se niega a comprar e instalar en las sedes judiciales de esta comunidad autónoma.

Los vocales del CGPJ, que serán renovados la próxima semana, celebraron ayer su última sesión plenaria tras casi siete años de mandato y volvieron a repetir la imagen de total división que ha caracterizado toda su andadura judicial.

El Pleno, con el voto en contra de los siete vocales progresistas y la abstención del independiente Agustín Azparren, ordenó a la comisión presupuestaria que inicie «el desarrollo de los trámites oportunos para la adquisición de los mástiles y banderas» a fin de cumplir la Ley de Banderas en las sedes judiciales de Euskadi, como reclamó el 15 de febrero el tribunal superior del País Vasco.

El Gobierno vasco, el responsable de aportar todos los medios materiales a los tribunales de la zona, comunicó a principios de año al Tribunal Superior que no se haría cargo del coste de las banderas en las once sedes que faltan. De hecho, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dejó claro hace meses que no habrá «un puñetero duro» para ese asunto.

La reclamación se había planteado con anterioridad ante el Pleno del CGPJ y la mayoría absoluta de los vocales acordaron instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para cumplir la Ley de Banderas. Sin embargo, el vocal conservador Juan Pablo González trajo el asunto de nuevo al último Pleno antes de la renovación.

La mayoría conservadora, elegida en 2001 a propuesta del PP, utilizó también la última reunión plenaria para retirar la sanción que este mismo órgano impuso hace más de un año a Laura Alabau, la juez de Denia (Alicante) que se negó celebrar matrimonios entre homosexuales.

El Pleno, por nueve votos a ocho, suspendió la multa de 305 euros que le impuso la Comisión Disciplinaria por haber afirmado en un escrito oficial que había sufrido «una persecución por el aparato propagandístico del Gobierno» por su postura contraria a estas bodas. Los conservadores anularon la falta grave porque creen que sólo hizo uso de su libertad de expresión. López Tena, que también voto en contra, considera que los vocales del PP concluyen su mandato «protegiendo a sus conmilitones de la APM (asociación conservadora de jueces), como ya hicieron con el magistrado del caso Mari Luz». Cree que «para eso están los amigos» y que «la legislación vigente sólo se le aplica al indiferente».