La Junta se ofrece de mediadora para agilizar la financiación de nuevos pisos

Las megaproducciones de Hollywood son tan fáciles y agradables de ver, entre otras muchas razones, porque la división entre los buenos y los malos queda bastante clara. El espectador necesita saber dónde está la línea que separa el bien del mal. Algo similar ocurre con las crisis económicas: siempre proporciona calma dilucidar a los culpables y colgarles la correspondiente etiqueta de némesis. A estas alturas de la actual época de incertidumbres productivas y mercado laboral en precario, la capa del villano ha pasado a las espaldas de las entidades financieras.

Junta de Andalucía y una treintena de empresarios de la promoción y la construcción de la provincia de Cádiz coincidieron ayer en señalar a bancos y cajas como grandes lastres del frenazo y caída del sector inmobiliario. «El problema es la financiación», resumió Emilio Corbacho, secretario general de la federación provincial del sector. «En abstracto, las entidades siempre dicen que hay financiación, pero a la hora de la verdad, no hay tanta», secundó de inmediato el delegado provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro, quien se ofreció para mediar entre unos y otros.

Durante el ciclo de desayunos Un café con... que organiza la Confederación de Empresarios de Cádiz en El Corte Inglés, el representante de la Junta admitió los problemas añadidos en materia de fondos que sufre la actividad constructora. El reconocimiento ganó vuelo a los ojos de los promotores cuando el propio Almagro les pidió que, cuando vean que una operación está bloqueada por una decisión financiera más allá de lo razonable, «vengan a la Administración y estudiaremos el caso para ver si hay un problema real o no».

Los peros se han extendido, sobre todo, en las ventas de viviendas protegidas, ya que los beneficiados sólo pueden resultar beneficiados si no llegan a cierto nivel de ingresos... y con esos ingresos los bancos no conceden liquidez.

El delegado de Vivienda recordó que las entidades también suscribieron en su día el Pacto por la Vivienda (que data de diciembre de 2007 y que unió a Administración, sindicatos, empresarios y, en efecto, mundo de las finanzas) y, por consiguiente, tienen la responsabilidad de arrimar el hombro en los momentos difíciles.

«Si hay que pedir garantías, las cumpliremos; lo que no podemos permitir es que se pida por pedir y se frenen las actuaciones pendientes», añadió por su parte el portavoz de los constructores.

Aunque pueda sonar paradójico a tenor de las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el sector aún tiene mucho futuro. Todavía hay muchas necesidades por cubrir, pese a que se haya hablado tanto de la sobreoferta que generó el boom. Gabriel Almagro desveló que, según un reciente análisis del Instituto de Estudios Avanzados de Andalucía, la provincia presenta una demanda de 109.000 viviendas, particularmente, entre jóvenes de entre 20 y 34 años que buscan su primer hogar. De esta cantidad, 44.499 deberían contar con algún tipo de protección oficial (es decir, deberían ir dirigidas a jóvenes con unos ingresos muy mermados).

La mitad de ese parque de VPO, 22.987 inmuebles, se tendría que erigir en la zona de la Bahía de Cádiz (incluyendo Jerez). Otros 9.463 se deberían emplazar en la Bahía de Algeciras; 4.484 en la Costa Noroeste; 3.154 en la Janda y 4.431 en la Sierra.

Desarrollos en marcha

¿Y qué se está haciendo frente a unas necesidades así de claras y voluminosas? Almagro explicó al sector que, para empezar, la Empresa de Suelo de la Junta «va a sacar al mercado todo el suelo que tiene» para la puesta en marcha de VPO, en virtud del Plan de Vivienda pactado recientemente con los agentes sociales.

Mientras tanto, y tras el acuerdo suscrito por la Consejería y los 28 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de Cádiz (a través de la Diputación), en estos municipios se podría empezar a levantar de forma inmediata hasta 2.300 viviendas protegidas y, de aquí a dos años, otras 5.000.

De forma paralela, en los últimos días se han impulsado varios desarrollos urbanísticos, como el de Cerro Colores, en Jerez, donde se ha habilitado suelo para unas 13.000 viviendas (9.000 con alguna protección); o en Algeciras, donde se podrán edificar otras 4.000. Luego está La Florida, en El Puerto, cuya puesta en marcha está un poco más cerca.

Pero claro, si el dinero es un escollo al final del largo proceso de la construcción, al principio surge el inconveniente del suelo para poder poner un ladrillo sobre otro. Esta parte del embrollo recae sobre los hombros de los ayuntamientos, que son los que deben dibujar en sus planes urbanísticos los futuros desarrollos residenciales. «La adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía está en marcha en toda la provincia y cada ayuntamiento la está incorporando a sus planeamientos; cuando eso suceda, dispondremos de más oportunidades», confió el delegado.

Cuando eso suceda, asimismo, vendrán trámites nuevos. Gabriel Almagro recordó el compromiso adquirido en el Pacto por la Vivienda en relación con la burocracia: «La intención es que las calificaciones estén en menos de un mes», aseguró el responsable provincial.