Los gobiernos central y autonómico se citan el 18 para resolver la 'deuda histórica'
Ultimatum o puesta en escena. Sea como fuere, la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central la celebración de una reunión de la Comisión Paritaria que ambas administraciones constituyeron para analizar el cumplimiento del Estatuto con un único punto en el orden del día: cuantificar el pago de la denominada deuda histórica, en el plazo que estipula la Disposición Adicional Segunda de la reforma estatutaria, esto es, antes del 20 de septiembre.
Actualizado: Guardar «No hay un avance sustancial en estos momentos, pero seguimos trabajando con el objetivo de cerrar el tema en la Comisión Mixta», explicó ayer Gaspar Zarrías, vicepresidente primero del Gobierno andaluz, que dejó claro que la voluntad de la Junta es alcanzar un acuerdo antes de que expire el plazo de 18 meses, recogido en el Estatuto.
Cuantificación
La intención de la Junta es presentar en este acto el documento con la metodología y la cuantificación -anunciada en el Parlamento por el vicepresidente segundo, José Antonio Griñán-, que será una cifra entre los 1.148 millones euros y 1.742 millones de euros.
Zarrías quiso dejar claro que en estos momentos no hay un principio de acuerdo, como tampoco cree posible que las tres formaciones del arco parlamentario andaluz -PSOE, PP e IUCA- lleguen a un acuerdo sobre la cuantificación final antes del día 20. El vicepresidente primero de la Junta, sin embargo, Zarrías sí se mostró optimista de cara a cerrar un acuerdo. Si este entendimiento no llega, la Junta convertirá en prosa el verso que repitió en el último pleno del Parlamento y que ayer recordó Zarrías: «Si la deuda histórica no se resuelve de una forma favorable tendremos dificultades para poder aprobar el nuevo sistema de financiación».
La delegación andaluza cuenta con el apoyo del PSOE federal que entiende que sería muy negativo abrir otro frente más en la delicada negociación sobre el sistema de financiación autonómica, máxime por un asunto que fue refrendado por el Congreso, como el pago de la deuda histórica.
