El fiscal pide 65 años de cárcel para 21 acusados en el caso 'Ballena Blanca'
La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) el escrito de acusación del denominado caso Ballena Blanca, en el que se solicitan 65 años de prisión para 21 personas, entre ellas el letrado Fernando Del Valle, principal acusado en este caso, para el que pide 15 años de cárcel. Además, se demandan el pago de más de 84 millones de euros de multa.
Actualizado: GuardarEn el escrito de conclusiones provisionales, entregado al juez por el fiscal Juan Carlos López Caballero se pide la apertura de juicio oral y se acusa a 21 personas, seis de ellas españolas y en su mayor parte clientes del bufete de abogados ubicado en Marbella; aunque también hay procesados que son empleados de dicho despacho y dos notarios.
Los hechos que se detallan constituyen 41 delitos de blanqueo de capitales, 13 de ellos de carácter continuado; tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 de falsedad documental, también continuados; y dos de falso testimonio. Así, a Del Valle se le acusa por todos los delitos de falsedad, por 13 de blanqueo, tres contra la hacienda pública y uno de falso testimonio.
Para este principal acusado, el fiscal estima que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo asciende a la suma conjunta de 12 millones de euros y señala que el letrado había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio y había diseñado un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.
Según se recoge en el escrito, de 208 páginas, el propio abogado tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. No obstante, el número de sociedades que éste o su despacho gestionaban, tanto españolas como extranjeras, se eleva a 523.
El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle se especializó en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España. El sistema consistía en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y de otro, una persona física española.