Fomento asegura que el Yak-42 no tenía su permiso para realizar el vuelo desde Afganistán

El ex subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil Luis Rodríguez Gil ha asegurado en la Audiencia Nacional que el avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles, no tenía su permiso para realizar el vuelo en el que se produjo el accidente, han informado fuentes jurídicas.

El ex alto cargo del Ministerio de Fomento ha comparecido ante el juez Grande-Marlaska como testigo de la causa que investiga la cadena de subcontrataciones que el Ministerio de Defensa encargó a la agencia de la OTAN Namsa para contratar el vuelo, que se estrelló en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.

Rodríguez Gil ha señalado que su departamento no concedió el certificado de aeronavegabilidad al Yak -42 para el vuelo en el que se produjo el siniestro porque se trataba de una misión militar ajena a sus competencias. Un informe elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún en diciembre de 2003 por encargo del ex ministro de Defensa Federico Trillo señalaba, sin embargo, que el avión contaba con un permiso de Aviación Civil para volar en España.

La aparente contradicción podría deberse, según ha explicado Rodríguez Gil, a que el aparato contara con un permiso correspondiente a un vuelo comercial anterior al de Afganistán y que, por tanto, no sería válido para misiones militares. También ha señalado la posibilidad de que el avión únicamente tuviera un certificado de aeronavegabilidad de las autoridades de Ucrania, país al que pertenecía la compañía propietaria, UM-Air.

Fortún no ha podido ser preguntado por esta cuestión porque compareció en el juzgado antes que el responsable de Aviación Civil. Por ello, las defensas de los familiares de las víctimas se plantean pedir a Grande-Marlaska que le vuelva a citar como testigo.

Informe 'Fortún'

Durante su declaración como testigo ante el juez, Fortún ha asegurado que cuando Defensa le encargó la elaboración del informe se le especificó que no investigase las identificaciones de los cadáveres de los 62 militares españoles fallecidos. Tampoco incluyó en su escrito las quejas del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV), la pregunta parlamentaria donde se abordaban esas quejas ni la denuncia de los familiares, porque "no se lo dieron".

El informe, entregado al Ministerio en diciembre de 2003 -el accidente había ocurrido en mayo-, le fue encargado en reuniones con el entonces ministro Federico Trillo, el teniente general José Luis Beltrán -imputado por el caso de los errores en la identificación de los cadáveres- y el ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte.

Fortún ha declarado, por otra parte, que conocía y asumía las subcontrataciones realizadas por Defensa a través de la empresa de la OTAN Namsa, pero que nunca vio ninguno de los contratos de los 43 vuelos anteriores ni el del propio Yak-42 siniestrado.

Altos cargos militares

Además de estos dos testigos, también han comparecido ante Grande-Marlaska el ex teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire Eduardo González Gallarza, el ex director general de la Guardia Civil y actual jefe del Mando Aéreo General, Carlos Gómez Arruche, el capitán Ignacio Balsera Bocanegra y el antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) Alfonso Pardo de Santayana.

Todos ellos han indicado que su relación con todo lo referente al vuelo del Yak-42 se limitó a pequeños trámites como, en el caso de Gómez Arruche y Gallarza, a remitir quejas sobre el escaso confort del avión al Centro de Conducción de la Defensa (CECOD), a cuyo cargo estaba Beltrán.