Condenan al Ayuntamiento de Villamartín a pagar 60.000 euros a la empresa Pefersan

El Ayuntamiento de Villamartín anunció hoy que ha sido condenado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de Jerez a abonar a la empresa Pefersan, que realizó la casa cuartel de la Guardia Civil en el municipio, unos 60.000 euros correspondientes a los intereses de demora principal de las certificaciones de obra, los gastos de protesto y el importe de la devolución de las letras.

En un comunicado, el gobierno municipal del PSOE responsabilizó al anterior equipo de gobierno (PA y PP) de esa situación por su "mala gestión" ya que "no habían cumplido con ninguno de los acuerdos que habían suscrito con la empresa" que ejecutó dichas obras.

Asimismo, indicó que para comprender esta sentencia hay que retomarse al 2002, cuando el entonces equipo de gobierno y el Secretario de Estado de Seguridad procedieron a la firma con Pefersan para la construcción de la casa cuartel.

Dicho acuerdo estipulaba que el ente local se haría cargo de una serie de pagos en la anualidad de 2002, siendo el resto de los pagos por cuenta de la Administración central, debiendo responder cada una de las administraciones por los intereses de demora de las cantidades a su cargo.

De este modo, el Ayuntamiento debió haberse hecho cargo de tres certificaciones de obra expedidas en 2002. La primera, expedida el 29 de mayo de 2002, por importe de 53.051 euros; la segunda, del 4 de julio de 2002, por importe de 86.995 euros, y la tercera, el 31 de julio de 2002, por importe de algo más de 100.000 euros.

Como consecuencia de las gestiones de pago efectuadas por la recurrente, el Ayuntamiento emitió unas cambiales, que vencidas no fueron satisfechas. Asimismo, destacó que la actual Corporación Municipal, en fecha del 14 de mayo de 2007, procedió a abonar al recurrente el principal de las certificaciones de obra objeto de autos.

Sin embargo, el Texto Refundido de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, establece que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras.