«El debate sobre Educación para la Ciudadanía está sobredimensionado»
La nueva asignatura aún genera polémica a las puertas de su segundo año escolar de vigencia. La provincia acumula 1.300 objeciones, la mitad de ellas concentradas en Jerez y El Puerto. Políticos y plataformas de padres mantienen posturas diferentes sobre la idoneidad de esta materia, un debate que no ha tenido la misma repercusión en la comunidad docente. A pesar de las distintas procedencias de los tres participantes, todos coincidieron en que la problemática se ha «sobredimensionado».
Actualizado:Los colegios religiosos son los que han mantenido una oposición más firme a impartir la asignatura, pero el Colegio San Felipe Neri la incluyó el pasado curso en sus planes de estudio. Este curso se amplía a una cuarta clase de tercero de ESO y, aún así, el número de objeciones en el centro «no resultó significativa». «No entiendo cuál es el miedo a esta materia, los profesores son profesionales y saben perfectamente cómo se deben dar las clases», recalcó el marianista.
El rechazo a Educación para la Ciudadanía en los centros públicos es similar. El IES Drago tuvo dos objeciones el año pasado, igual que el San Felipe Neri. Su director consideró que «en este país no es necesario un debate general sobre una materia que educa en valores, que antes se incluían en otras asignaturas».
El colegio Servando Camúñez se encuentra entre los que registra un mayor número de objeciones de la Bahía, según datos de Ignacio Martínez, presidente de una de las cuatro plataformas de padres contraria a la asignatura. Para el director de este centro, el problema está «desbordado». Sixto consideró «peligroso» ridiculizar una materia que educa en valores y no cree que los libros que han publicado las editoriales adoctrinen sobre determinadas ideologías. «Tienen fallos como cualquier otro manual, pero ahí está el profesor para corregirlos y cambiar de editorial si lo considera necesario», recalcó.
Casi un centenar de familias gaditanas han puesto su caso en manos del Tribunal Superior de Justicia. A 28 de ellos ya se les ha concedido como medida cautelar la exención de la obligatoriedad de acudir a las clases y de la evaluación. Otras 70 están a la espera de que el alto tribunal andaluz les comunique las mismas medidas. En El Puerto ya hay dos sentencias firmes favorables a la postura de los padres.