Ibarretxe «acata» la prohibición de la consulta aunque la cree un «atropello»
El 'lehendakari' pide a los vascos que se sumen a la demanda que él y sus consejeros presentarán ante el Tribunal de Estrasburgo
Actualizado:«Acatamos, pero no nos resignamos». Juan José Ibarretxe encajó así ayer la sentencia del Tribunal Constitucional que sitúa fuera de la legalidad la consulta que pensaba convocar el 25 de octubre.
El 'lehendakari' tachó el fallo judicial de «atropello democrático» y «atentado al autogobierno», además de «una amenaza a la democracia». Anunció que su Ejecutivo fomentará una «movilización pacífica en lo social y activa en lo político» para que la sociedad vasca defienda su «derecho a decidir» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
«Ha llegado el momento de acudir a las instancias europeas», señaló en una comparecencia celebrada en Ajuria Enea junto a todo su gabinete, con el que se reunió en Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la decisión de la corte constitucional.
El 'lehendakari', que no dio opción a que se formulasen preguntas, confirmó que él mismo y sus consejeros se adherirán «como ciudadanos» a la demanda que promoverán PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar el próximo 23 de septiembre contra el Reino de España ante el Tribunal de Derechos Humanos.
En esta travesía, el jefe del Ejecutivo de Vitoria pretende conceder todo el protagonismo a la ciudadanía, consciente de que la legitimidad para acudir a Estrasburgo no reside en las instituciones porque son parte del Estado demandado, sino en las personas afectadas por la decisión del Constitucional y en los partidos, a través de demandas individuales.
Ibarretxe instó ayer «formalmente» a la sociedad vasca a que «denuncie política y jurídicamente ante el Tribunal de Derechos Humanos al Reino de España por haber incumplido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales» al haber vetado el plebiscito. «Primero se nos negó el derecho a decidir, después se nos ha negado el derecho a consultar, a dar nuestra opinión, no permitamos que ahora se nos niegue también el derecho a recurrir», propuso.
Legítimo
El 'lehendakari' justificó la denuncia ante Estrasburgo en que es «lógico y legítimo» que, «una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas», el recurso pueda plantearse en otras instancias supraestatales «para comprobar si las actitudes políticas del Gobierno de España y los razonamientos jurídicos de su Tribunal Constitucional son compatibles con lo que en Europa se llama libertad de pensamiento y de expresión y participación política y garantías de la misma».
Ibarretxe se aferró al aval que el Tribunal de la UE concedió a la autonomía fiscal de Euskadi, que confirmó que el País Vasco tiene potestad para aplicar impuestos diferentes a los del resto de España, para encarar con «esperanza» la demanda en Europa. «Creemos que puede pasar lo mismo con el derecho de la sociedad vasca a dar su opinión y, por tanto, tenemos que mirar al futuro con confianza en nosotros mismos», señaló.
En la declaración institucional que leyó, no faltó la crítica a la «politización» de la Justicia, como demuestra a su juicio que el Tribunal Constitucional haya seguido «un guión perfectamente trazado cuya primera página se escribió con el recurso del presidente Rodríguez Zapatero».
Y no se quedó ahí: «Las razones políticas del Estado que soportan la sentencia son algo más profundo que un atentado al autogobierno vasco. En realidad, nos encontramos ante la imposibilidad de emitir opinión y ante la invalidez de la capacidad de los ciudadanos de elegir representantes políticos para que luego éstos no puedan llevar adelante los proyectos prometidos por los que fueron elegidos».
Ibarretxe concluyó que su Gobierno adoptará «todas las iniciativas legales, sociales y políticas» que estén en su mano para «defender el derecho» de la sociedad vasca a ser consultada y a «decidir nuestro futuro».