El Gobierno acepta revisar el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial

El Gobierno se ha mostrado receptivo a las críticas formuladas a la politización del Consejo General del Poder Judicial que echará a andar la próxima semana. El ministro de Justicia admitió ayer que hubiera preferido un mayor «pluralismo» en el órgano de gobierno de los jueces y se comprometió a dar «una vuelta profunda» a su regulación. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, aunque pidió «un margen de confianza» para los nuevos vocales, consideró que se pueden introducir «mejoras» en el sistema de elección.

La Moncloa ha tomado nota de los reproches ante el hecho de que ninguno de los 12 jueces que formarán parte del consejo sea independiente, en el sentido de no militar en organización gremial alguna: seis pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, cuatro a la progresista Jueces por la Democracia y dos a la minoritaria Asociación Francisco de Vitoria, con el agravante de que ninguno de los elegidos en las votaciones internas de los jueces ha sido tomado en cuenta.

Tampoco ha pasado desapercibido que los ocho juristas que también integrarán el organismo tienen una indudable identificación con los partidos mayoritarios y el nacionalismo vasco y catalán. La radiografía del mundo judicial y del derecho, sin embargo, está alejada de ese perfil ya que la mayoría de los miembros la carrera judicial no está asociada y sólo una minoría de los abogados y catedráticos tienen vinculación con fuerzas políticas.

Estos hechos, sumados al malestar social generado por la actuación corporativista de la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial con el juez Rafael Tirado, ha llevado al Gobierno a abrir una reflexión sobre el método de elección de los vocales de la institución. El primero en abrir el fuego fue el ministro de Justicia, Mariano Fernández-Bermejo, quien se mostró en desacuerdo con que los jueces que componen el Consejo sean sólo los propuestos por las organizaciones profesionales. Es necesario, dijo ayer en Radio Nacional, ampliar «el cupo de personas que se pueden proponer» para que haya «más pluralismo».

Consideró que el Parlamento debería «tener más oferta» de magistrados y juristas para poder elegir y se comprometió a hacer una ronda con los grupos parlamentarios para ver «qué piensan» sobre la posibilidad de cambiar la fórmula de elección de vocales. El ministro obvió que los nombres que tendrá que votar la próxima semana el pleno del Congreso y del Senado fueron pactados por PSOE y PP, y que él mismo participó en las negociaciones para llegar al acuerdo.

Mejoras

La vicepresidenta también apuntó después del Consejo de Ministros que se pueden «hacer mejoras» para que el órgano de gobierno de los jueces sea «más eficaz». Fernández de la Vega aceptó que «es bueno» reflexionar sobre el sistema de elección, pero ahora «hay que dar un margen de confianza» al nuevo organismo.

Dejó caer que cabe la posibilidad de cambiar el sistema de elección con las variaciones que hay que introducir en la Ley del Poder Judicial para adaptarla a las reformas estatutarias que establecen la creación de consejos judiciales autonómicos y que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad sea la última instancia.

Fernández de la Vega no lo dijo, pero fuentes gubernamentales señalaron que ese momento, si hay acuerdo con el PP, puede ser adecuado para revisar la fórmula de elección de los vocales.

En el partido opositor hubo satisfacción por la modulación de la postura gubernamental. Su portavoz en el Congreso. Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el programa electoral de su partido defiende que los vocales del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces sin intervención del Congreso ni del Senado.

Instó al ministro de Justicia a que sea claro y diga si quiere que «los partidos sigan decidiendo» en el gobierno de la judicatura o se suma a la propuesta de su partido y deja que los vocales «sean elegidos entre los jueces y los partidos dejen de meterse».