Muerte a la carta

Cuando en 1985 se reformó el Código Penal para despenalizar el aborto, de todos los argumentos que se ofrecieron, el que más impactó fue el de que en España se producían 300.000 abortos clandestinos al año. Tan monumental patraña sirvió para que no se discutiera sobre el sí o el no del derecho a la vida independiente del feto humano, sino sobre las lamentables condiciones higiénicas y médicas en las que estas pobres mujeres se veían obligadas a deshacerse de sus hijos. Tal fue la campaña que se hizo, que quienes no estaban de acuerdo con la despenalización optaron, en muchos casos, por un discreto silencio constreñidos por su conciencia y sus creencias, pero humanamente apenados por el drama vital de estas mujeres. Se describió con dramatismo el viaje que estas jóvenes, obligadas a abortar por una sociedad opresiva, debían realizar al extranjero para hacerlo en unas condiciones generalmente deplorables. Cuando al año siguiente a la despenalización se conocieron las cifras reales y fuimos conscientes del engaño masivo en el que habíamos caído, el aborto ya no era delito en tres supuestos.