Zarrías anuncia que el 20 de Septiembre será la firma para el traspaso del Guadalquivir

En declaraciones a los periodistas en Sanlúcar, Zarrías ha recordado que este traspaso conforma uno de los preceptos "más importantes" del Estatuto de Autonomía andaluz, en su artículo 51, y ha incidido en que será "la primera gran transferencia" que se produce desde que se aprobó el Estatuto.

En este sentido, ha manifestado que se ha trabajado "mucho y con mucha intensidad" en estos últimos meses para cuantificar todos los conceptos que una transferencia de estas características lleva consigo, con el objeto de que se produzca un traspaso "en condiciones" que permita que Andalucía pueda gestionar todas las aguas que discurren por su tierra, como las cuencas menores, la Confederación Hidrográfica del Sur, y ahora el río Guadalquivir.

No obstante, ha matizado que el traspaso efectivo será a partir del 1 de enero.

Por otro lado, en cuanto a las negociaciones para la cuantificación de la deuda histórica andaluza, Zarrías ha reconocido que existen "importantes dificultades" para llegar a un acuerdo, aunque deseó que con la negociación y el diálogo "seamos capaces de salvarlo".

Zarrías ha asegurado que el contexto económico y político "no es el más favorable", lo que unido a la crisis económica "hace aun más dificultoso que el acuerdo se pueda conseguir de inmediato".

No obstante, el consejero de la Presidencia reiteró que espera que antes del día 20 se produzca la reunión de la comisión mixta paritaria para llegar a un acuerdo "que hoy no existe y que está lejos".

Finalmente, Zarrías ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consulta del lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, asegurando que la resolución "no puede ser más clara".

Según el consejero de la presidencia, la decisión del TC deja "bien claro" que hay un Estado de Derecho en España "que funciona", por lo que instó a Ibarretxe "a reconsiderar su posición para ajustarse perfectamente a la normativa vigente" de forma que no haya ninguna "distorsión en los que significa el normal funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país".