El Poder Judicial ventila el 'caso Mari Luz' con 1.500 euros de multa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolvió ayer con una multa de 1.500 euros el expediente disciplinario abierto a Rafael Tirado Márquez, el juez sevillano que no ejecutó la sentencia que hubiera llevado a la cárcel a Santiago del Valle y le habría impedido asesinar a la niña onubense Mari Luz Cortés el pasado 13 de enero.

Sólo una multa, porque la Comisión Disciplinaria considera que ese error supuso una falta grave, no muy grave como pretendía la Fiscalía, de desatención de sus deberes profesionales.

Para el CGPJ, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla únicamente cometió un desliz, a pesar de que tardó dos años y dos meses en ordenar el encarcelamiento del pederasta, quien había sido condenado en 2002 a dos años y nueve meses por abusar de sus propia hija. El juez Tirado decretó la prisión de Del Valle el pasado 27 de marzo, más de dos meses después del infanticidio.

Estos hechos para el órgano disciplinario son un simple «retraso injustificado» que sólo merece un castigo económico.

El CGPJ hizo suya, punto por punto, la propuesta formulada por el instructor del expediente, el magistrado Wenceslao Olea, que en su informe se limitó a reprochar al juez que «no prestara mayor atención» al trabajo de sus subordinados, que acumulaban en los archivos varias sentencias pendientes de ejecutar.

La Comisión Disciplinaria desoyó la petición del Ministerio Público, que acusó al magistrado de haber cometido una falta muy grave por la desatención de su juzgado y pidió una sanción que podría haberle acarreado la suspensión hasta tres años, el traslado forzoso a otro destino e, incluso, la expulsión definitiva de la carrera judicial.

El fallo del CGPJ no fue unánime. El debate sobre la sanción al juez Tirado provocó una sesión «bronca» en la que se enfrentaron los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria.

Encrespado debate

Las dos magistradas progresistas -la presidenta de la comisión, Montserrat Comas, y María Ángeles García- abogaron por calificar de muy grave el error, pero se encontraron con la oposición de los conservadores Pablo Ríos y Juan Pablo González. Al final del encrespado debate, el voto del independiente Agustín Azparren inclinó la balanza a favor de fijar una simple multa. Comas y García anunciaron este miércoles su intención de presentar sendos votos particulares.

La decisión de la Comisión Disciplinaria tampoco convenció ni a la Fiscalía ni al juez expedientado. Fuentes del Ministerio Público explicaron que «muy probablemente» la Fiscalía recurrirá el fallo del CGPJ, aunque los técnicos aún están a la espera de conocer el contenido exacto de la resolución para estudiarla.

El departamento que dirige Cándido Conde Pumpido quiere apartar, al menos por un tiempo, al juez de la carrera profesional o, cuanto menos, forzarle a un cambio de destino.

Este recurso fiscal ya no sería examinado por la Comisión Disciplinaria, sino por el Pleno del órgano de los jueces, pero ya renovado.

El titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, también se mostró en desacuerdo con la levedad de la sanción.

Tirado, por su parte, anunció que pedirá una revisión de la sanción. El letrado del magistrado, Alfonso Martínez Escribano, insistió en que su defendido piensa que «no cometió ninguna conducta que deba ser reprochable». «El juez no es responsable ni directa ni indirectamente de la muerte de una persona», explicó el abogado.