Andalucía supedita a la 'deuda histórica' su apoyo al modelo de financiación

Órdago de la Junta al Gobierno central: Andalucía, inquebrantable defensora hasta el momento del modelo de financiación autonómica que presentó el pasado 23 de julio el vicepresidente Pedro Solbes, podría rechazarlo si el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no cierra antes la cuantía que el Estado debe abonar a nuestra Comunidad Autónoma en concepto de la denominada deuda histórica.

Una decisión anunciada ayer en el Parlamento por el vicepresidente segundo, José Antonio Griñán y, sobre todo, por el vicesecretario general del PSOE-A y parlamentario, Luis Pizarro. «Nosotros tendríamos muy difícil apoyar el sistema de financiación si no concretamos antes el pago de la deuda histórica que, tal y como ha dicho recientemente el Tribunal Constitucional, está vinculada a la financiación».

Griñán, en el cierre de su comparecencia, refrendó la postura del Grupo Socialista: «Sí, efectivamente, la deuda histórica forma parte de la financiación y como estamos debatiendo el modelo de financiación, la voluntad andaluza se expresará en la medida en la que se incluya todo».

Dificultades

El motivo de este brusco cambio de registro en el discurso de los socialistas andaluces radica en una vieja duda, la misma que han expresado todos los ministros de Economía y Hacienda en los últimos 26 años: «¿Qué es eso de la deuda histórica andaluza?».

Fuentes socialistas confirmaron a este periódico que han surgido serias dificultades en la negociación que llevan, de manera directa, el ministro Solbes y el consejero Griñán, a la hora de poder cerrar una cifra final de la deuda histórica antes del 20 de septiembre, fecha límite recogida en el Estatuto de Andalucía. El difícil contexto económico y la compleja negociación entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación han propiciado que el camino para solucionar la deuda histórica, que se vislumbraba allanado tras el apoyo casi unánime en el Congreso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, vuelve a estar minado. La Junta se va a mantener firme. «Hablamos de una reclamación que no necesita justificación, sino cuantificación», subrayó Griñán.

El golpe sobre la mesa que dio ayer la Junta de Andalucía pretende ser un golpe de efecto para que se retome la senda del entendimiento entre ambas administraciones que, eso no se ha puesto en duda, mantienen su unidad de criterios sobre el modelo defendido por Solbes.

El vicepresidente Griñán anunció, igualmente, que la valoración que resulta de la metodología propuesta por la Junta de Andalucía para cuantificar las asignaciones complementarias de la Disposición Adicional Segunda no sería, en ningún caso, inferior a la cantidad de 1.148 millones de euros que cuantificó el Parlamento andaluz en 2003. Es más -abundó Griñán- la Junta ha ofrecido datos al Gobierno central que sitúan este importe en los 1.742 millones de euros.

«El proceso de negociación sigue abierto», dijo Griñán, quien destacó el origen Constitucional -artículo 158.1- y la determinación estatutaria de las asignaciones de la Disposición Adicional Segunda. El vicepresidente segundo de la Junta evitó hablar de deuda histórica, un término que «plantea dificultades de comprensión fuera de Andalucía».

Griñán lanzó un aviso para navegantes que, en todo caso, resume el momento actual de la discusión: «Es posible que otras comunidades crean que tienen derecho a reparaciones históricas, pero sólo el Estatuto de Andalucía lo tiene en estos términos jurídicos-constitucionales». Independientemente, la Junta de Andalucía defiende la forma y el fondo del modelo avanzado por Solbes, basado en el criterio de población.