El Gobierno pedirá el máximo castigo para el espía que vendió información reservada a Rusia

El Gobierno quiere una condena ejemplar para el ex agente del CNI Roberto Flórez, detenido en julio de 2007 y encarcelado por revelar información secreta a los servicios secretos de Rusia. Su traición, aireada por el Ejecutivo en un gesto sin precedentes, permitió al espionaje ruso desbaratar tres operaciones del CNI orientadas a captar colaboradores en la Federación Rusa, obligó a proteger o cambiar de destino a agentes quemados y a variar los protocolos de seguridad de la Casa. En definitiva, dio al traste con años de trabajo del CNI en el gigante del este.

Roberto Flórez permanece encarcelado desde agosto de 2007 en un módulo especial de la prisión madrileña de Alcalá-Meco para miembros de las fuerzas de Seguridad, a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, Baltasar Fernández, decida la apertura del juicio. El Gobierno y el CNI se han personado en la causa a través de la Abogacía del Estado.

Fuentes de ese órgano explicaron que piensan «pedir la pena máxima» que prevé el Código Penal para los delitos atribuidos a Flórez, doce años por traición y cuatro por revelar secretos. La Audiencia Provincial de Madrid levantó hace unos meses parte del secreto del sumario para que el reo pueda preparar su defensa. Fuentes de la investigación detallaron que, pese a esa decisión, hay «una parte no confesable» de la investigación que sigue opaca por afectar a la seguridad del Estado.

Está compuesta por documentos incautados en casa del ex espía con detalles sobre procedimientos del CNI y un listado de agentes adscritos al área de Rusia. Entre esos papeles hay una copia de una carta dirigida en 2001 al espionaje ruso, en la que Flórez ofrece información a cambio de 200.000 dólares. Fuentes del caso aseguraron que cobró esa cantidad y que hubo incluso un segundo pago.

Temor en el CNI

El sumario está ahora parado a la espera de que la Fiscalía, y después la Abogacía del Estado, formulen sus escritos de acusación. Fuentes del CNI admitieron que dentro de la Casa existe temor a que en el juicio salgan a la luz nuevos datos sobre las actuaciones de Flórez que comprometan el trabajo de sus agentes. De ahí que el propio servicio secreto haya pedido al juez y al abogado del Estado que omitan en sus escritos -y después en la vista pública- cualquier referencia a información sensible que no sea imprescindible.

Esas cautelas contrastan con las declaraciones del director del CNI, Alberto Sáiz, quien aseguró que la traición no afectó «en ningún momento a la seguridad de España», tesis en la que insistió después ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Fuentes gubernamentales confesaron que airear la información vendida a Rusia «pondría los pelos de punta» a mucha gente. También subrayaron que el Gobierno quiso linchar en público al traidor como «aviso a navegantes» para disuadir a otros aspirantes a agentes dobles. De igual modo, concibió la jugada como una «advertencia» a otros países que puedan sentir la tentación de comprar espías españoles.