Obscenidad judicial
Como es conocido, casi dos años después de que hubiera debido renovarse de acuerdo con el plazo quinquenal señalado constitucionalmente el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de dicho poder, Zapatero y Rajoy pactaron, en su reciente entrevista de julio, proceder a la mudanza, que sólo puede lograrse mediante dicho consenso, ya que las designaciones requieren una mayoría de tres quintos de las Cámaras.
Actualizado: GuardarLogrado el acuerdo, han bastado unas pocas sesiones de trabajo conjunto de los dos portavoces en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, para confeccionar la lista, en la que se han acordado cupos rigurosos: la formarán nueve consejeros propuestos por cada uno de los grandes partidos, otro por CiU y uno más por el PNV. Los designados tienen el encargo explícito de elegir a un determinado presidente, que lo será también del Tribunal Supremo, asimismo acordado por las dos grandes fuerzas.
Este nada pudoroso ceremonial se ha envuelto en algunos protocolos irrelevantes: las asociaciones de jueces han efectuado sus propuestas, algún magistrado ingenuo se ha presentado por libre tras recabar las firmas precisas y los seleccionados deberán comparecer ante el Congreso y el Senado para acreditar su solvencia en un interrogatorio en toda regla. Pero nadie duda de que su único aval irrevocable es el respaldo político de que gozan.
En definitiva, y como es habitual, la afinidad política de los consejeros prevalece absolutamente sobre la voluntad de los «jueces y magistrados de todas las categorías judiciales» y sobre la idoneidad de los abogados y juristas, «todos ellos de reconocida competencia», que también la Constitución exige. A partir de ahora, se hablará de consejeros del PP y de consejeros del PSOE, y muchas decisiones del órgano institucional estarán determinadas por el sesgo ideológico.
Es evidente que cualquier ciudadano tiene una ideología y unas preferencias políticas, y los jueces y juristas no son seres angélicos capaces de sustraerse a esta norma. Está claro que el constituyente deseaba que CGPJ fuera un órgano independiente, formado por profesionales que sobrevolaran las fracturas partidarias, y de ahí la mayoría cualificada que impuso, que en realidad se orilla mediante los cupos: yo acepto tus candidatos a cambio de que tú votes a los míos.
Lo extraño es que los jueces y juristas que pasen a formar parte del Consejo acepten en silencio este encargo político. Resulta difícil de entender que ilustres profesionales del Derecho, que por su especialidad deberían ser muy conscientes del cometido que les corresponde, se plieguen dócilmente a los dictados políticos de las cúpulas partidarias. Como si fueran, ellos también, unos simples parlamentarios cuyo mayor mérito es, en general, el de haber acatado sin rechistar la disciplina que impone su organización. Todo esto constituye una indecorosa obscenidad.
Se echa, en definitiva, en falta una mayor autoestima del estamento judicial, que debería plantarse ante los otros dos poderes para reclamar exigentemente, si no su independencia plena, sí al menos una autonomía intelectual y material suficiente para poder llevar a cabo los fines que les marca la Carta Magna.
