Independencia a prueba
El pacto cerrado por el PSOE y el PP para renovar los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial pone fin a los casi dos años de insólita interinidad en que se encontraba la institución, al tiempo que restablece la cooperación entre los dos grandes partidos en aquellos asuntos básicos para el normal funcionamiento del Estado. El consenso permite solventar así la perniciosa parálisis que se había instalado en el órgano de gobierno de la Judicatura y sienta las bases para proceder tanto a la renovación pendiente en el Tribunal Constitucional, como para avanzar en la reforma de la Administración de Justicia. Pero los indudables beneficios que conlleva el acuerdo no justifican por sí solos la reiteración en aquellos vicios que han sembrado una permanente sospecha de politización sobre la actuación del Consejo, del que dependen buena parte de los nombramientos en los principales tribunales y susceptible, por ello, de verse sometido a interesadas presiones partidarias. Entre esas carencias no es la menor la falta de transparencia con que los representantes socialistas y populares han negociado los nombramientos propuestos por las asociaciones judiciales y los que corresponden directamente a las Cortes, hurtando nuevamente la evaluación pública de los méritos profesionales de los aspirantes.
Actualizado:La composición final de la lista se caracteriza por el equilibrio entre los candidatos propuestos por el partido en el Gobierno y la principal fuerza de la oposición, algunos de los cuales han desempeñado relevantes cargos políticos en el pasado; por la exclusión de los jueces sin filiación asociativa; y por la presencia de sendos vocales de CiU y el PNV en representación de las minorías nacionalistas. El inédito retraso en pactar la renovación del Consejo, pero también el modo en que los partidos se han repartido de nuevo las vocalías, contraviene la obligatoriedad que establece la Ley de prestigiar a la institución con designaciones diligentes y respetuosas con el mandato constitucional de independencia. La experiencia demuestra que ni la fórmula de elección corporativa, ni la parlamentaria, ni la mixta que rige actualmente han bastado para asegurar que el poder político se desapodere del gobierno de los jueces. Pero la constatación de que los partidos se resisten a renunciar a su capacidad de influencia no sólo no exime, sino que exige de la Judicatura un compromiso más inequívoco en defensa de su propia autonomía.