El Tesoro inyecta 200.000 millones de dólares en las dos mayores hipotecarias de EE UU

El Gobierno de Estados Unidos asumió ayer el control de los gigantes del crédito hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac y destinó 100.000 millones de dólares para cada uno, con el fin de evitar un colapso del sistema financiero tras la crisis inmobiliaria.

La importancia de la suma es una muestra del «fuerte compromiso» del Estado para con «los acreedores y los inversores en títulos de ambos establecimientos», explicó el secretario del Tesoro, Henry Paulson, cuyo partido se opone en principio al salvamento de empresas privadas por el Estado.

Según el plan anunciado por Paulson, el regulador estatal asume el control de estas sociedades, tuteladas por el Gobierno, pero propiedad de accionistas privados, que respaldan préstamos hipotecarios por billones de dólares.

«La decisión se tomó tras un análisis muy profundo de la situación financiera actual de las dos empresas. Ambas compañías ya no será dirigidas con una estrategia de maximizar dividendos, porque esa orientación es la que les ha estimulado a correr riesgos», dijo Paulson.

La crisis se originó por la depresión del mercado inmobiliario. Los impagados llevaron a que productos financieros integrados por los créditos hipotecarios de alto riesgo perdieran prácticamente todo su valor, y la situación se contagió a partir de entonces a distintos segmentos del mercado del crédito.

El traspaso de Fannie Mae y Freddie Mac a los poderes públicos representa una nueva gran intervención de Washington en la estructura financiera estadounidense para intentar reabsorber una crisis que se prolonga desde hace más de un año.

Reacciones

«Apoyo firmemente la decisión del director del FHFA, James Lockhart, de poner a Fannie Mae y Freddie Mac bajo tutela; así como las medidas tomadas por el secretario del Tesoro, para asegurar la solidez financiera de ambos organismos», declaró el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. «Estas acciones son necesarias para ayudar a fortalecer el mercado inmobiliario y promover la estabilidad de los mercados financieros», añadió.

Paulson explicó que ambas empresas, de derecho privado pero que de hecho desempeñan funciones de servicio público, constituían un peligro para la solidez del sistema financiero, que al Estado le correspondía intervenir, debido a las «ambigüedades» de su funcionamiento que fueron toleradas por mucho tiempo.

«Sobre la base de que lo que hemos conocido sobre estas instituciones durante las últimas cuatro semanas, incluyendo los datos sobre sus necesidades de capital y habida cuenta de las condiciones actuales del mercado, he concluido que lo mejor para los contribuyentes no sería hacer una simple inversión de capital en estas empresas bajo su forma actual», añadió Paulson.

El Tesoro aportará capitales frescos a ambas instituciones dentro del límite de 100.000 millones de dólares a cada una. Esta fórmula, dijo, «es el medio más eficaz de evitar un riesgo sistémico y contiene disposiciones para proteger al contribuyente en caso de quiebra de alguna de las empresas intervenidas». En caso de liquidación, el Tesoro tendrá prioridad en la ejecución de sus activos.

La dirección de ambas empresas ha cesado en sus funciones y partir de ahora serán administradas por directores designados por el regulado