Propuesta confusa
La ministra de Igualdad, Bibiana Aido, presentó ayer el comité de expertos que asesorará al Gobierno para cambiar la Ley que despenaliza el aborto, al tiempo que confirmó tanto que el Ejecutivo pretende ultimar su proyecto en el primer semestre de 2009, como que se tratará no de una reforma, sino de un nuevo texto legislativo. El hecho de que unas concreciones elementales en torno a una iniciativa de tan profundo calado social resulten novedosas evidencia no sólo las dificultades para encarar un debate que ahora no despierta el amplio consenso al que aspiran los socialistas, aunque ningún grupo se plantee restringir la actual legislación que permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en caso de violación, hasta las 22 por malformaciones en el feto y sin plazo ante grave riesgo físico y psíquico para la madre. La ambigüedad con que vienen pronunciándose el Gobierno y el PSOE demuestra también la incomodidad interna que suscita una propuesta cuyo enunciado no ha aportado la necesaria claridad para los ambiciosos objetivos que se dicen perseguir: garantizar los derechos de las mujeres que deciden abortar y evitar inseguridades jurídicas contra ellas y los profesionales que les atienden.
Actualizado: GuardarLa vulneración de la confidencialidad que ha podido producirse como consecuencia de las investigaciones judiciales abiertas contra varias clínicas justificaría un perfeccionamiento de los mecanismos legales que eviten añadir a un desgarro tan íntimo la carga de un castigo moral que, en ningún caso, tiene ya sustento conforme a la Ley vigente desde 1985. Pero la pretensión de identificar como un derecho la decisión de someterse a una interrupción del embarazo implica una compleja y delicada modificación legal, dado que la normativa española es despenalizadora y que el aborto, fuera de los tres supuestos citados, constituye un delito regulado por el Código Penal. El Gobierno tendría que ser más preciso cuando alude al Derecho comparado y aclarar si el modelo que propugna son las leyes de plazos instauradas ya en la mayoría de los países europeos. Pero tampoco debería escudarse en su iniciativa para eludir ni el contrasentido que supone haber delegado la casi totalidad de los abortos en la sanidad privada, ni su responsabilidad en la no aplicación de programas contraceptivos más eficaces.
