Respuesta al paro
El incremento de los parados inscritos en el INEM durante el mes de agosto ha situado en 2.530.001 el número total de desempleados en España. Un dato que se vuelve especialmente preocupante al conocerse la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social en 244.666 ocupados en ese mismo período, y que interpela directamente al Gobierno. Cádiz tampoco escapa a esta realidad y ni siquiera el empuje del turismo estival, con sus habituales contratos temporales, ha evitado que la provincia acumule ya 121.137 parados. Nada indica que en los próximos meses puedan verse corregidas ambas tendencias. Todo lo contrario, la concurrencia de la inflación con la caída de la producción y de las exportaciones sitúa a la sociedad española ante dos próximos trimestres nada propicios a la generación de actividad en los servicios, la agricultura o la construcción (sector que en la provincia alcanza la marca de 23.000 desempleados). Cada día añade nuevas sombras a las perspectivas económicas, y la acumulación de las malas noticias por sectores, territorios o empresas no encuentra respuesta alguna que genere confianza y pueda considerarse eficaz en el corto plazo por parte del Gobierno y del conjunto de las Administraciones.
Actualizado: GuardarLa endiablada dificultad que la crisis entraña para una actuación pública creíble se ha visto agravada por la incomprensible parsimonia con la que el presidente Rodríguez Zapatero decidió desde el primer momento seguir el rastro de los datos económicos. El anuncio de que el próximo 10 de septiembre presentará un nuevo plan de actuación frente a la crisis sólo permite esperar que su contenido trate de recuperar el tiempo perdido. El Gobierno cuenta en lo inmediato con los Presupuestos Generales 2009, cuya revisión resulta imprescindible para garantizar la protección de un desempleo al alza y para procurar el mantenimiento de puestos de trabajo en los sectores más afectados. Pero no sería realista ni racional depositar las esperanzas de la reactivación del empleo y de la economía en las cuentas públicas si su reorientación no se ve acompañada de la reforma laboral necesaria para animar las contrataciones más cualificadas. El Gobierno no debería limitarse a tratar de contener o a recolocar a los empleados que pierda la construcción. El momento obliga a poner las condiciones de la recuperación reorientando el diálogo social hacia metas más ambiciosas.
