Ceñirse a la Ley

Las providencias dictadas por el juez Garzón recabando información del Gobierno, de los ayuntamientos de cuatro ciudades, de la Conferencia Episcopal y de la Universidad de Granada para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y en años posteriores ha reabierto el debate sobre la justeza o la inconveniencia de esclarecer aquellos hechos y sobre la parte de responsabilidad que afecta a las instituciones de la democracia en tal empeño. El volumen de los datos solicitados y las instituciones requeridas para ello invitan a pensar que el procedimiento abierto podría acabar situando la cuestión mucho más allá del propósito formalmente expuesto por el juez Garzón. La eventualidad de que la información solicitada animara la apertura de una causa de características penales y de orden general, que aun siendo de muy difícil encaje dentro de nuestro ordenamiento y entre las funciones jurisdiccionales de la Audiencia Nacional pudiera proyectarse a modo de juicio público al margen de los tribunales, obliga tanto a los órganos del poder judicial como al Ejecutivo y a los integrantes del Legislativo a proceder con la máxima cautela ante un tema que pareció zanjado con la promulgación, ya de por sí polémica, de la llamada Ley de Memoria Histórica.