La 'causa general' de Garzón
Garzón está decidido a pasar a la historia por haber sido quien intentó escribir la causa general que compendie todos los crímenes del lado nacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El parangón con aquella otra causa general abierta por la dictadura en 1940 y que pretendía reseñar los delitos cometidos por los partidarios de la República desde el 14 de abril de 1931 es notorio, y la oportunidad de tal iniciativa es opinable. Lo que carece por completo de sentido es que sea el Poder Judicial el que la emprenda y en las condiciones en que lo ha hecho. Y que se le consienta al magistrado de la Audiencia Nacional este nuevo alarde, que ridiculiza la figura del juez que propugna el propio Montesquieu: «invisible y nulo».
Actualizado: GuardarLos hechos son conocidos, pero vale la pena resumirlos: diversas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica solicitaron hace casi dos años a la Audiencia Nacional que se tramitaran sus denuncias sobre desapariciones de allegados producidas durante la Guerra Civil. La Ley de la Memoria tan sólo dispone en su artículo 12 que las Administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos de estas personas. Y lo que aquellas asociaciones pretenden en el fondo es que se consiga elaborar un censo de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y de la ulterior represión franquista. Según los historiadores, el número de muertos en la retaguardia franquista oscila entre un mínimo de 90.000 (Santos Juliá) y 180.000 (Paul Preston). Las asociaciones que promueven estas pesquisas tienen todo el derecho a hacerlo. De lo que no hay duda es de que Garzón ha sacado de nuevo los pies del tiesto en este asunto. Y el propio juez es consciente de ello.
En efecto, es incuestionable que la Audiencia Nacional no tiene competencia en este asunto. Primero, porque la Ley de Amnistía de 1977 clausuró definitivamente toda responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Y segundo, porque tampoco es competente sobre delitos contra la humanidad, que deben ser juzgados en las jurisdicciones bajo las que se cometieron los hechos. La Fiscalía así lo puso de manifiesto con toda claridad el pasado febrero y solicitó por tanto el archivo de las denuncias. Pues bien: Garzón, consciente de que su admisión a trámite es imposible, ha utilizado el ardid de recabar toda la información sobre las víctimas para ponderar su propia competencia, con lo cual, aunque finalmente se inadmitan, el objetivo estará cumplido: se contará con un censo de fusilados y desaparecidos. A tal fin, ha dictado decenas de providencias
Lo que resulta irritante e inaceptable es que se pongan los escasos recursos judiciales de este país a trabajar a mayor gloria del juez Garzón. En conocido que el viaje a la política de este magistrado brillante resultó frustrado, pero a lo que parece Garzón no ha renunciado del todo es a mantener sobre su cargo jurisdiccional un protagonismo que no es compatible con la oscura labor de un juez, que ha de limitarse a impartir justicia.
